República Dominicana.-La Policía desmanteló este lunes en horas de la mañana un laboratorio utilizado para la confección y falsificación de cheques, tarjetas de créditos y licencias de conducir, en una casa abandonada propiedad del recluso Francisco Filion Ovalles (El Don), preso en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, acusado de falsificación de documentos.

La institución informó que los agentes del departamento de investigación de falsificaciones, acompañados del procurador fiscal William Viloria Santos, de la provincia Santo Domingo Oeste, allanaron la casa número 8 del barrio Engombe, en el sector de Herrera, donde encontraron un magnetizador color negro, que se presum

e era utilizado para la clonación de tarjetas de crédito.

Señaló que otros equipos hallados por los agentes son cuatro impresoras, un Datacart Eltre P-310, color crema; un disco duro, cuatro rollos de tinta, dos Board de computadoras Nos. FSB1313 y 945SET-M, un CD No. 3217-060411 y un moden para internet No. TEW-432RP.

Los agentes también ocuparon ocho tarjetas con el logo impreso de la Junta Central Electoral, once con la impresión del

Ministerio de Obras Públicas, 146 en blanco y seis talonarios de cheques del Banco Popular.

La Policía anunció que, según las indagatorias previas, los equipos eran utilizados por el detenido en complicidad con otras personas, para la confección de cheques, pasaportes y clonación de tarjetas. Agregó que se profundizan las investigaciones sobre el caso.

República Dominicana.- El Ministerio de Salud Pública alertó este lunes sobre el peligro que representa para la población la gran cantidad de alcoholes de fabricación casera, especialmente el “clerén”, que se expende ilegalmente en diferentes puntos de la geografía nacional. El titular de la cartera, doctor Bautista Rojas Gómez, dijo que esa situación debe ser de mucha preocupación para las autoridades y para el conjunto de la sociedad, en virtud de constituye un serio problema de salud que involucra diferentes instituciones deben enfrentarla.

“Las consecuencias de la problemática se reflejan en nuestros centros asistenciales, llegando personas, incluso con actitudes violentas, hasta el punto de agredir físicamente a personal sanitario”, expresó.

Observó que actualmente un porcentaje considerable de jóvenes está incurriendo en el consumo de esas sustancias fabricadas ilegalmente y sin ningún rigor científico, “la cual afecta sus cerebros y por ende, su desarrollo integral”.

Rojas Gómez dijo que aunque no se trata de un tema exclusivo de la competencia de Salud Pública, las autoridades sanitarias expresan su preocupación y su disposición de participar y coordinar acciones dirigidas a erradicar esa problemática.

En nuestra condición de rector del Sistema Nacional de Salud, precisó, queremos alertar y llamar a todas las instancias responsables de la regulación de la fabricación, expendio y consumo del alcohol en el país, para que dirijamos especial atención en ese sentido, a fin de que se frene esa práctica.

Asimismo, hizo extensivo su llamado a los padres, a las familias, a la escuela, a las iglesias, a las organizaciones barriales y comunitarias y la sociedad en general para que se involucren en iniciativas tendentes a evitar esa situación.

El jurista Julio Cury declaró que la decisión del Juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal que autorizó a publicar artículos en un periódico digital al reo Mario José Redondo Llenas, condenado a 30 años de prisión por la muerte de su primo José Rafael Llenas Aybar, desborda la lógica jurídica y contraría la Constitución.

Cury, quien es miembro del Consejo Asesor Presidencial del candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, explicó que la libertad de expresión forma parte de los derechos civiles y políticos previstos en los artículos 37 y siguientes de la Constitución de la República.

Sin embargo, recordó que el disfrute de esos derechos “se suspende a partir del día en que interviene condena a penas aflictivas o infamantes por sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”.

El abogado expresó que los artículos 17 y 28 del Código Penal disponen que la degradación cívica, que consiste en la privación del ejercicio de todos los derechos ciudadanos y políticos, es accesoria a toda pena de reclusión.

“Consecuentemente, ninguna persona que haya sido condenada mediante sentencia firme por la comisión de crímenes o delitos que aparejen penas de reclusión, puede emitir libremente sus ideas o pensamientos a través de medios de prensa”, manifestó.

Degradación cívica