Por Miguel Angel Solano
SAN CRISTOBAL.-La Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal conoció este viernes el recurso de amparo presentado contra el Ayuntamiento, El Síndico y el Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de San Cristóbal, por violación diversas disposiciones constitucionales y de derechos humanos, en perjuicio del arquitecto Víctor Ramírez Minier.
El peticionario del amparo se queja de que el Ayuntamiento, actuando en forma arbitraria, ha impedido la ejecución de un acto administrativo del propio Ayuntamiento, que validó un contrato a su favor de más de 16 millones de pesos, y el cual fue confirmado por una sentencia del tribunal contencioso administrativo de San Cristóbal en octubre pasado.
Según salió a relucir durante la audiencia, el arquitecto Minier vendió al Ayuntamiento unos terrenos de su propiedad, que serían utilizados como contrapartida para el re-alojo de los habitantes de las márgenes del Río Nigua, a cambio de lo cual la Unión Europea desembolsaría más de DOSCIENTOS MILLONES DE EUROS, para beneficio de unas CUATROCIENTAS FAMILIAS cuyas casas son arrasadas con cada crecida del río Nigua.
Sin embargo, a pesar de que dicha venta ha sido validada por decisiones judiciales, éstas han sido dejadas sin efecto por decisiones administrativas del Ayuntamiento, violentando el debido proceso de ley, la irretroactividad de las leyes y otras disposiciones constitucionales, en perjuicio del impetrante del amparo, según dijo en audiencia del abogado Cecilio Gómez Pérez, representante del reclamante.
Según se dijo, el Ayuntamiento, mediante una resolución de diciembre pasado, decidió dejar sin efecto la resolución del año 2006 que autorizaba el contrato de compraventa, luego de que un tribunal lo había validado, argumentando que en la sentencia no se ponderó adecuadamente los argumentos presentados por ellos, según justificación presentada por el propio Ayuntamiento en un escrito depositado ante la Suprema Corte de Justicia, al cual este redactor ha tenido acceso. Se espera una decisión en los próximos días, respecto al recurso de amparo.
El peticionario del amparo se queja de que el Ayuntamiento, actuando en forma arbitraria, ha impedido la ejecución de un acto administrativo del propio Ayuntamiento, que validó un contrato a su favor de más de 16 millones de pesos, y el cual fue confirmado por una sentencia del tribunal contencioso administrativo de San Cristóbal en octubre pasado.
Según salió a relucir durante la audiencia, el arquitecto Minier vendió al Ayuntamiento unos terrenos de su propiedad, que serían utilizados como contrapartida para el re-alojo de los habitantes de las márgenes del Río Nigua, a cambio de lo cual la Unión Europea desembolsaría más de DOSCIENTOS MILLONES DE EUROS, para beneficio de unas CUATROCIENTAS FAMILIAS cuyas casas son arrasadas con cada crecida del río Nigua.
Sin embargo, a pesar de que dicha venta ha sido validada por decisiones judiciales, éstas han sido dejadas sin efecto por decisiones administrativas del Ayuntamiento, violentando el debido proceso de ley, la irretroactividad de las leyes y otras disposiciones constitucionales, en perjuicio del impetrante del amparo, según dijo en audiencia del abogado Cecilio Gómez Pérez, representante del reclamante.
Según se dijo, el Ayuntamiento, mediante una resolución de diciembre pasado, decidió dejar sin efecto la resolución del año 2006 que autorizaba el contrato de compraventa, luego de que un tribunal lo había validado, argumentando que en la sentencia no se ponderó adecuadamente los argumentos presentados por ellos, según justificación presentada por el propio Ayuntamiento en un escrito depositado ante la Suprema Corte de Justicia, al cual este redactor ha tenido acceso. Se espera una decisión en los próximos días, respecto al recurso de amparo.
