Los sectores y organizaciones que dan seguimiento a los casos y denuncias de corrupción han cifrado sus expectativas en el titular de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Otoniel Bonilla García, en el cargo desde marzo, y quien asegura que cada caso denunciado ante ese organismo está bajo investigación.
Pero al mismo tiempo, las instituciones que dedican su trabajo a temas de transparencia, como es el caso de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y Participación Ciudadana, no perciben que la DPCA esté procediendo con la agilidad que requieren los casos denunciados y los formalmente sometidos a esa institución.
esde 2004 la DPCA ha recibido 254 denuncias, 125 de las cuales se han archivado porque, según las autoridades, no proceden. Sólo se han sometido 31 casos a los tribunales.
Al margen del debate sobre si el Ministerio Público tiene o no la voluntad de enfrentar y dar respuesta a los casos de corrupción denunciados, se ha podido comprobar que la DPCA no cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios para investigar a profundidad las acusaciones de prevaricación o estafa al Estado que pesan sobre funcionarios públicos.
A partir de una entrevista a Bonilla García, CLAVE pudo establecer que la DPCA no tiene un presupuesto propio, ni la disponibilidad de un cuerpo de auditores peritos, que se adicionarían a los tres con que cuenta la DPCA para analizar las informaciones económicas que se manejan en los expedientes, lo cual posibilitaría la elaboración de un informe pericial.
Asimismo, una fiscalía de investigación como la DPCA requiere, además, de instrumentos tecnológicos -con los cuales no cuenta- para realizar pesquisas, al igual que de fiscales que trabajen en las importantes áreas de investigación y litigación.
Julio César Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, afirma que el papel del Ministerio Publico, y especialmente de la DPCA, como organismo especializado, es poner en movimiento los procedimientos tan pronto tenga conocimiento de alguna irregularidad, malversación, prevaricación, nepotismo o desfalco.
“Esto no se ha hecho así, con la agravante de que aun siendo apoderada, la DPCA le da de lado a las querellas que se presentan y no ofrece la respuesta con la agilidad que la situación demanda, porque se trata de un acto cometido por un funcionario público, lo cual agrava la comisión del hecho”, refiere, y luego argumenta que al pasar el tiempo las pruebas se diluyen y desaparecen.
No obstante, en un esfuerzo por sofocar las críticas contra su gestión, el director de la DPCA explica que investigar irregularidades es un proceso complejo. “No es lo mismo la denuncia de un caso por los medios de comunicación y otras entidades, que llevar a cabo una investigación”.
Aunque Bonilla García asumió en marzo como director de la DPCA, desde el 2004 se desempeñaba como subdirector del organismo. Dice que ha dado salida a muchos casos que ya estaban en proceso.
Cita la demanda contra el ex síndico de San José de Ocoa, Mateo Díaz, enviado a juicio junto a dos contratistas por malversación de RD$5.0 millones. También otra acusación de malversación contra ex síndico de Constanza, que está siendo procesado y tiene audiencia preliminar para este mes, así como el caso que involucra al ex director regional de agricultura, Antonio Ramírez, quien luego de haber sido destituido a propósito de ese escándalo maniobró para ser designado como diplomático.
ESCÁNDALOS
Las nominillasEn marzo de 2008 fue denunciada la existencia de nóminas paralelas en instituciones estatales para beneficiar a 42,434 miembros del PLD, lo cual implicaba una erogación de recursos estatales que, durante los primeros tres años de la pasada gestión peledeísta, superaba los RD$5 mil millones.
Tanto el presidente Leonel Fernández, como el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa admitieron y defendieron la llamada nómina CB o nominilla. Entre las instituciones que operan nominilla se denunció al INDRHI, con una inversión de RD$26 millones; al INAPA, con RD$20.1 millones; a Agricultura RD$9.7 millones y al IAD, RD$9.4 millones.
Pero existen otras dependencias estatales, como la CAASD y Obras Públicas que, de acuerdo con un reportaje publicado en el programa de investigación que dirige la periodista Nuria Piera superaban los montos citados. Pero las autoridades judiciales no procedieron ante estas denuncias de uso y abuso de los recursos públicos.
Desayuno escolar
En agosto de 2008 fue sometida ante la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) una denuncia que daba cuenta de que la leche suministrada por la empresa Ladom para el desayuno escolar carecía de los nutrientes suficientes, con lo cual se habrían violado los parámetros de calidad que establece el programa ejecutado por la Secretaría de Educación.
El expediente presentado por Participación Ciudadana (PC) hace referencia a los hallazgos del equipo de investigación del programa “Nuria”, que presentó resultados de análisis que establecían que la leche servida por la empresa suplidora del Desayuno Escolar tenía un contenido de sólo 0.76 por ciento de proteínas, pese a que el patrón de calidad requerido es de 3.3%. Para entonces, PC instó a la DPCA a investigar la denuncia, que de comprobarse, constituiría un grave delito en un país donde el 10 por ciento de los niños menores de 5 años está afectado por desnutrición crónica.
Hotel El Naranjo
En junio de 2009, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) entregó una querella contra Alfredo Paredes, director del Instituto de Formación Turística del Caribe.
De acuerdo con el expediente, la dirección de esa entidad, supuestamente cometió actos de prevaricación y malversación de caudales públicos, hecho que constituyen una violación de la Constitución, del Código Penal Dominicano y de las disposiciones contenidas en el Decreto No. 240-05, que traspasa las instalaciones del Hotel El Naranjo de Higüey al Instituto de Formación Turística del Caribe, con la finalidad de que se opere una Escuela de Formación Turística y Hotelera, lo cual no se ha concretado en 4 años.
ADOCCO asegura que la administración del hotel ha recibido más de RD$20 millones por alquiler de los locales, recursos, que afirma, son usados para fines diferentes a lo establecido en una disposición emitida por el presidente de la República el 11 de abril de 2005.
INDRHI, contrato y adenda
El pasado lunes, ADOCCO también se querelló contra el director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel . Presentó varias denuncias ante la DPCA, entre las cuales incluye abultamiento de nóminas y otorgamiento de obras grado a grado, en violación de la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Obras y Servicios.
La entidad hace referencia a la existencia de una adenda por un valor de RD$123 millones, al contrato de RD$20 millones para la reparación del Sifón en el Canal Nizao Najayo, en la zona de riego de Baní.
Esto constituye una violación del artículo 31 de la Ley 340-06, que en su numeral 2 establece que de producirse un contrato adicional, este no puede sobrepasar el 25% del valor del contrato original. Un documento elaborado por el Movimiento Popular Dominicano para que se investigue el caso revela que con el contrato el funcionario se beneficia a una persona allegada.
“Dicen que son casos no relevantes, pero se trata de un pueblo, pequeño como Constanza, donde el síndico malversa RD$5 millones de un presupuesto anual que no supera los RD$30 millones. O en el caso de San José de Ocoa, que de RD$12 millones que se manejó en una obra, se sustrajeron alrededor de RD$5 millones. “Los munícipes de estas comunidades perciben que se le ha dado salida a sus problemas”, refiere el funcionario.
Al referirse a los casos presentados en los últimos meses que, según dice, “se reputan de corrupción”, asegura que si esas denuncias constituyen infracciones que vayan más allá de una falta de índole moral, serán investigados para determinar si se trata de una infracción de tipo penal.
Dijo que el nepotismo no es tipificado como infracción. Sin embargo, de acuerdo con la abogada Laura Acosta, el artículo 102 de la Constitución establece: “Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados o relacionados”.
Además del Contrato Somo-JCE, que se introdujo durante la gestión de Líster, la DPCA tiene bajo su responsabilidad investigar los casos sobre el desayuno escolar, presentado en agosto, y las denuncias contra el director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Franklin Beltré, y el administrador de la CDEEE, Radhamés Segura. También contra el administrador de la Lotería Nacional, José Francisco Peña Guaba y el director del IDRHI, Héctor
POR MIGUEL ANGEL SOLANO
