NACIONAL
El presidente Leonel Fernández pidió este miércoles pasado a la policía nacional que actúe con respeto a los derechos humanos, una semana después de que la organización Amnistía Internacional (AI) denunció supuestos abusos cometidos por agentes.
Fernández se reunió este miércoles con la plana mayor de la policía en la sede de la institución, donde se comprometió a agilizar ante el Congreso la modificación de la Ley orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que tiene como propósito una profunda reforma de la institución, informó la dirección de prensa de la Presidencia.
El informe expresa que el mandatario considera como una prioridad que los legisladores conozcan y aprueben el proyecto, para buscar adecuar a la policía a los nuevos tiempos y plantea una redefinición de lo que son los rangos y las funciones.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional a través del Senado de la República el pasado 15 de junio.
La iniciativa busca redefinir la naturaleza y misión de la Policía Nacional, regular su organización, estructura y funcionamiento y establecer el estatuto de la carrera policial, incluido su régimen disciplinario.
Agregaron que durante el encuentro Fernández recibió un informe del jefe de la Policía, José Polanco Gómez, sobre la disminución de 80 por ciento en los actos delictivos, tras la intensificación del patrullaje en los últimos días en todo el país.
La semana pasada AI denunció que la policía causó la muerte de 154 personas en los primeros siete meses del año, en un informe en el que además da cuenta de casos de homicidio, tortura y maltratos en los cuales han estado involucrados agentes de la institución.
"Las autoridades dominicanas deben garantizar que los responsables de las muertes y las torturas respondan ante la justicia y que se toman medidas para cambiar las políticas y las prácticas que permiten que ocurran estos abusos", dijeron en una rueda de prensa el jefe de la delegación de AI en República Dominicana, Javier Zúñiga.
El informe fue presentado en momentos en que República Dominicana trata de superar una espiral de violencia provocada por el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común, que en el primer semestre del año ya ha causado la muerte de 1.260 personas.
Obligado por la situación, el gobierno dominicano anunció el mes pasado varias medidas para enfrentar la ola de crímenes y delitos, incluido a la intensificación de la seguridad ciudadana con el envío de militares a las calles y la reforma de las leyes para lograr mayores sanciones.
La situación "nos obliga a fortalecer la lucha contra el crimen, el sicariato, el tráfico de drogas y todos los hechos criminales. Nos obliga, también, a ser respetuosos de los derechos humanos y del estado de derecho que debe reinar en la sociedad dominicana", dijo este miércoles Polanco.
Siete de las 29 provincias del país concentraron el mayor porcentaje de los hechos de violencia y criminalidad en el primer semestre del año, según un informe.
Un alto porcentaje de las muertes está vinculado al narcotráfico internacional y al tráfico en las ciudades, principalmente en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Romana, donde unas 270 personas han sido ejecutadas por presuntos sicarios o baleadas en refriegas entre bandas rivales.
El mes pasado el ministerio publico del Distrito Nacional, recomendó la instauración de la cadena perpetua en República Dominicana, pero su propuesta no encontró respaldo.
La delincuencia alcanzó a un agente de la seguridad de la madre del presidente Fernández, quien hace dos meses fue asesinado a los que las autoridades llamaron un asalto a su residencia en el este de la capital dominicana.
