SANTO
DOMINGO, RD.- La fiscal Mirna Ortiz restó importancia probatoria al discurso de
clausura de la defensa de Ángel Rondón Rijo frente a los argumentos y las
pruebas presentadas por el Ministerio Público para sustentar la culpabilidad
del imputado en la distribución de sobornos de la constructora Odebrecht.
La
fiscal Ortiz destacó que Odebrecht afirmó, y así quedó asentado en el acuerdo
de lenidad como en las declaraciones de los testigos, que “esos pagos se
realizaron a través de empresas offshore por el Departamento de Operaciones
Estructuradas, departamento que dijo fue creado para el pago de sobornos en
Odebrecht a empresas del imputado Ángel Rondón Rijo y que así quedó acreditado
en el tribunal”.
Sostuvo
que, aunque utilizaron el sistema bancario, todas las transacciones salieron
del Departamento de Operaciones Estructuradas creado por Odebrecht
exclusivamente para el pago de sobornos.
En
ese contexto, explicó que hicieron contratos ficticios para darles algún viso
de transparencia y poder realizar transacciones bancarias. “Pero todas las
transacciones salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas,
departamento creado, exclusivamente, para el pago de sobornos”, dijo Ortiz,
coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de
la Corrupción Administrativa (Pepca).
La
fiscal se pronunció en esos términos a la salida del tribunal tras ser abordada
por la prensa luego de que las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y
Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaran
el juicio para el próximo lunes 2 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
En
la jornada del jueves, la defensa técnica del imputado Rondón Rijo, quien se
desempeñó como representante empresarial de Odebrecht en República Dominicana,
presentó sus alegatos de clausura sobre la acusación por los sobornos
presentada por la Pepca.
En
su discurso de clausura del pasado martes, la Pepca mostró las pruebas para
sustentar que Rondón Rijo se enriqueció de manera ilícita, producto de sus
actividades con la empresa brasileña y pidió que el imputado fuera condenado a
10 años de prisión.
Igual petición hizo contra el imputado Víctor Díaz Rúa, mientras que contra Conrado Pittaluga Arzeno, los fiscales de la Pepca solicitaron una pena de siete años de prisión y para los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández solicitaron cinco años.
