Por Carlos Ogando
La firma de un
convenio entre el sector privado y el sector público es fundamental para
emprender obras que vayan en beneficio del desarrollo del país y, ahora con
mucho más fuerzas incentivar su incursión en áreas prioritarias no solo con el
sector privado local sino también con la participación de la inversión
extranjera, que disminuyó en el 2018
comparado con el año 2017, que fue de US$3,571 millones de dólares y en el año
2018 fue de 2,535 millones de dólares con una disminución de US$1,035 millones
(según informe CEPAL 2005-2018).
Las inversiones
del sector público han disminuido también en los últimos años (2011-2019) por debajo del 2.3% del PIB y su
impacto ha caído de manera negativa en las inversiones en el sector
agropecuario y se han esforzado en invertir en transporte de pasajeros y
telecomunicaciones. Hoy, a partir de la firma del convenio de inversión en
proyectos entre sector público y privado, esas inversiones deben dar un giro
con mayor apoyo en obras de energía, agua potable y agricultura para poder
compensar el déficit en los productos de primera necesidad y economizar las
divisas frente a un sector exportador deprimido.
Para incentivar
la inversión extranjera deberán priorizarse las áreas que este sector ha estado
demandando en América Latina y el Caribe, que de acuerdo a indicadores
publicados por la CEPAL en el periodo 2005-2018 se observa que las operaciones
de mayor magnitud realizadas en 2018 corresponden a la industria de los
hidrocarburos —tanto en la fase extractiva como en refinería y distribución de
combustibles— y a los grandes emprendimientos en minería, así como a los
sectores de servicios básicos (electricidad y agua), servicios financieros,
servicios médicos, telecomunicaciones, transporte y a los sectores
manufacturero, bebidas y agroquímicos. Todos estos renglones incluyeron más del
82% de la inversión extranjera.
El presidente de
la República, Luis Abinader, firmó la tarde de este miércoles el Reglamento de
Aplicación de la Ley 47-20 de Alianzas.
Público-Privadas,
un instrumento a través del cual el Gobierno busca generar inversiones en obras
sociales y creación de empleos. Los sectores prioritarios
serán: el transporte vial, aéreo y marítimo, agua, educación, agropecuario,
energía, salud, vivienda, turismo, comercio internacional,
movilidad urbana, telecomunicaciones, seguridad ciudadana y defensa nacional.
Sin embargo no
se puede perder de vista que la mayor demanda que tiene el mercado son las
necesidades de preservar la salud y mantener la educación funcionando frente a
esta pandemia del Covid-19 que está afectando a todos los países sin distinción
y que son sectores donde se pueden atraer inversiones para suplir el déficit de
insumos y equipos para ambos sectores y que bien pueden producirse en el país
tanto para consumo local como también para la exportación y generación de
divisas que tanto las necesita el país.
Según Sigmund
Freud, director general de Alianzas Público-Privadas, manifestó que el Gobierno
estará en conversaciones con el sector privado para que todos los procesos sean
realizados con transparencia, oportunidad igualitaria y evitando trabas
burocráticas. Que en tal sentido se dictó la Ley núm. 47-20, del 20 de febrero
de 2020, que aprobó el nuevo marco institucional y los procesos para el
desarrollo de proyectos de inversión bajo la modalidad de Alianza
Público-Privada, que aporta una nueva modalidad contractual entre los agentes
públicos y privados para el desarrollo de infraestructuras y provisión de
servicios públicos que se traducen en la satisfacción del interés público y en
beneficio de todas las personas.
Las Alianzas
Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) son un instrumento para integrar la
iniciativa privada a los esfuerzos del sector público, las asociaciones de la
sociedad civil, la academia, organismos internacionales y otros actores para
lograr objetivos de desarrollo nacional, compartiendo recursos, conocimientos
y, sobre todo, el compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad.
Un paso de
envergadura para la Humanidad lo representa la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada en el año 2015 por los países miembros de las Naciones
Unidas; es un plan de acción en favor de la prosperidad de las personas y del
planeta, en el cual se reconoce la necesidad de la erradicación de la pobreza
en todas sus formas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan la
pauta para articular un esfuerzo global, en el cual cada país debe aterrizar en
políticas nacionales apegadas a sus propias prioridades.
La república
dominicana recibió inversiones extranjeras en el año 2017 por US$3,571 millones
de dólares y en el 2018 el monto de US$2,535.00 millones ocupando el lugar
número uno entre 16 países de Caribe; a nivel Centro América el tercer lugar y
nivel de América Latina el séptimo lugar tan solo detrás de Chile. La República Dominicana tiene que seguir a la
vanguardia en esta difícil coyuntura en el proceso de continuar trayendo
inversiones que mitiguen la pérdida de divisas por el enfriamiento de la
economía y mantener el país montado en el carro del progreso.
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