VILLA ALTAGRACIA, San Cristóbal, República Dominicana.- La procuradora general, Miriam Germán Brito, instruyó personalmente al equipo de fiscales para que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva "que permita procesar y castigar" a los integrantes de la patrulla policial que mataron a los esposos Eliza Muñoz Marte  y Joel Eusebio Díaz Ferrer.

 

“La procuradora Miriam Germán Brito ha estado de manera permanente en contacto con nosotros, dándonos las instrucciones para que este caso sea resuelto de la mejor manera”, dijo la fiscal de Villa Altagracia, Fátima Sánchez Guzmán.

 

A petición del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia le impuso un año de prisión preventiva a Victorino Reyes Navarro (segundo teniente) y Norquis Rodríguez Jiménez (cabo), Domingo Perdomo Reyes (sargento), Ángel de Los Santos (cabo), así como a los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

 

La jueza Sudelgi Rosario Mena además declaró el caso complejo y dispuso que el segundo teniente Reyes Navarro y el cabo Norquis Rodríguez Jiménez cumplan la coerción en la cárcel de Operaciones Especiales, en Santo Domingo, mientras los demás deberán ser alojados en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, de La Vega.

 

La fiscal Sánchez Guzmán adelantó que las investigaciones están “bastante avanzadas”. Sin embargo, reiteró que en esta etapa del proceso no puede dar detalles de las diligencias procesales para evitar afectar las pesquisas.

 

Explicó que el Ministerio Público trabaja arduamente en la investigación del caso, respetando el debido proceso.

 

 Representantes del Ministerio Público en la audiencia.

Representantes del Ministerio Público en la audiencia.

“Nosotros tenemos que trabajar; nosotros estamos haciendo todas las diligencias necesarias para que todos los responsables respondan ante la justicia”, dijo.

 

Además de la muerte de Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Díaz Ferrer, de 35 años, a la patrulla policial se le imputa el provocarle heridas a Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años. Los tres se desplazaban junto a Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco, por la autopista Duarte.

 

Al momento del hecho, ocurrido en horas de la noche del pasado martes 30 de abril, las víctimas se trasladaban hacia Santo Domingo luego de participar en el cierre de una campaña religiosa en una iglesia evangélica del sector Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia.

 

En el trayecto fueron interceptadas por la patrulla policial a la altura del kilómetro 45 de la Autopista Duarte, próximo a la entrada norte del municipio Villa Altagracia, donde, sin mediar palabras, los policías actuantes la emprendieron a tiros contra el vehículo, causándoles la muerte a los esposos y heridas a Ramírez Lamais.

 

El Ministerio Público acusa a los imputados de violación de los artículos 295, 296, 297, 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano, y el artículo 66 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de las víctimas Díaz Ferrer y Muñoz Marte.

 

También, de violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano, y el artículo 66 de la Ley 631-16, en perjuicio de Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, ambos sobrevivientes al hecho criminal.

 

La medida se conoció este viernes, luego de que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazara una recusación interpuesta por uno de los abogados de los imputados en contra de la jueza Rosario Mena.

 

En el proceso hubo dos aplazamientos de la audiencia para el conocimiento de la coerción.

 

ABOGADO DICE NO SE PUEDE SABER QUIÉN ES QUIÉN

 

El abogado Yery Castro, defensor del raso Anthony Castro, dijo que la jueza Sugeldi Rosario Mena no debió emitir igual sentencia a todos los imputados ya que "no comparten el mismo vínculo en el proceso".

 

Además, por el uso de mascarilla y gorras "no se ha podido determinar quiénes estaban" en el lugar de hechos, por lo que previó que no habrá responsabilidad penal.

 

“Lamentamos que la ciudadanía y la presión mediática y el morbo genere la necesidad de emitir una decisión (de prisión preventiva de un año) en la mismas condiciones a todos los imputados cuando no todos tienen el mismo vínculo con el proceso”, declaró el abogado Castro.

 

“La mayoría de gente que están ahí salió a un servicio al escuchar la radio; no salieron por su cuenta y estaban debidamente uniformados, todos de manera correcta. No se ha podido determinar, por mascarilla y gorra, quienes o ninguno de ellos estuviera presente exactamente en el lugar donde se produjeron los disparos. En ese sentido no habrá manera en un juicio de sostener responsabilidad penal en contra de ellos”,  remarcó