Las advertencias más sobresalientes han sido para las personas mayores y envejecientes, que según los informes que se han publicado a través de los medios de comunicación y por los principales expertos, son las vulnerabilidades a que están expuestos por motivo de la pandemia del Covid-19; en cambio, esas personas han sido los más afectados en los cambios de gobiernos, que sin tomar en cuenta su situación son enviados a las calles, condenados a morir en sus casas por la falta de empleos y atenciones médicas, ya que la mayoría no cuentan con seguros médicos así como también pesar esa mayoría de edad, permanecen como los responsables de los hogares y los jóvenes, lo que impacta en mucho mayor grado la situación de los hogares.
La mayoría de las personas que han cumplido más de 60 años son los que dedicaron sus vidas a construir el país que tenemos y son los padres de los jóvenes que descollan en la actualidad en las diferentes disciplinas de la humanidad y vemos como la mayoría de los envejecientes lo han removidos de sus puestos de trabajos, sin liquidación de sus prestaciones laborales y sin otorgarle una pensión que le pueda servir de sustento para sobrevivir los años que aún esperan vivir, en esta difícil coyuntura de pandemia mundial.
Los gobiernos siguen aplicando una política segregacionista y populista que no toma en cuenta los méritos acumulados y despiden sin piedad esas personas que han dejado más de la mitad de su vida, y finalmente el pago que reciben es, que cuando cambia el gobierno van para las calles sin tomar en cuenta su situación de salud, económica y mucho menos los aportes que podrían seguir haciendo en beneficio de las empresas, en base a su formación profesional y experiencia. ¿Qué pena que no hemos avanzado hacia una sociedad inclusiva y de derechos?
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se han pronunciado sobre los desafíos en la protección de las personas mayores y sus derechos en la pandemia Covid-19, organizaron el diálogo virtual el 8 de octubre del 2020 sobre los derechos y la protección de las personas mayores en América Latina y el Caribe y expresaron su preocupación por los altos niveles de vulnerabilidad.
En ese encuentro, las y los participantes en el diálogo virtual, organizado en el ámbito de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe instaron a abordar los derechos de las personas mayores como un asunto prioritario y destacaron los importantes aportes que estas hacen a la sociedad. Asimismo, llamaron a crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el mundo de hoy, en particular en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ha afectado especialmente a las personas mayores de edad.
En momentos de crisis sanitaria y económica agravada como los actuales, es indispensable garantizar que todas las personas mayores, y sobre todo las más vulnerables, tengan acceso a un ingreso mínimo garantizado, incluidas las que no estén cubiertas por los sistemas de pensiones. De ahí que la ley número 352-98 vigente en República Dominicana, no contempló la emergencia en pandémica.
Uno de los objetivos que abordaron, fue analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región a la luz de la crisis del COVID-19 y de sus posibles impactos sobre las personas mayores en el corto, mediano y largo plazo, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe.
Expresaron que, para una recuperación mejor no se puede evadir el imperativo moral de enfrentar las causas estructurales que, desafortunadamente, están dejando atrás a tantas personas mayores dejadas a su propia suerte en esta crisis. La mirada debe enfocarse en la universalización de los servicios de salud, la ampliación de la protección social y el fortalecimiento del marco legal nacional e internacional de protección de los derechos humanos de las personas mayores.
Observaron que, las cuarentenas sanitarias y el encierro obligado han propiciado un deterioro gradual de la salud física y mental de las personas mayores. Todo ello, sumado a la acumulación de enfermedades crónicas, que conduce a la pérdida gradual de autonomía y a la limitación funcional.
El momento en que la pandemia llega a cada país es un evento histórico crucial que impacta a las poblaciones de manera desigual. Afecta a cada población en función de su curso de vida: niñez, adolescencia, adultez o vejez, pero también de sus ventajas o desventajas acumuladas.
El gobierno debe actuar acorde con las políticas aplicadas a nivel regional para garantizar la protección y los derechos de las personas mayores y envejecientes que han dado toda su vida trabajando por el país, para que alcance mayor nivel de desarrollo y de hecho no deben ser dejados a la deriva, sin protección de su vida ni de sus derechos.
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