Santo
Domingo, 7 dic .- El juez José Alejandro Vargas aplazó hasta este martes la
sesión de solicitud de medidas de coerción contra el grupo de once personas
acusadas pertenecer al entramado de corrupción desarticulado mediante la
operación Antipulpo, que implica a dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
Alexis
Medina, presunto cabecilla de la estructura corrupta, fue el último en escuchar
la solicitud de medida de coerción, consistente en un año de prisión
preventiva, además de la calificación del proceso como complejo.
Asimismo,
la acusación pidió inmovilizar provisionalmente las operaciones de sus empresas
para evitar que se hagan trasferencias de acciones y activos del entramado
societario.
Tras
diez horas y media, el titular de la Oficina de Atención Permanente del
Distrito Nacional decidió continuar la sesión este martes a las 5.00 de la
tarde, cuando previsiblemente anunciará la imposición de medidas coercitivas.
Piden
declarar caso complejo
En
la sesión de este lunes, el Ministerio Público también solicitó prisión
preventiva de un año y la declaración de caso complejo para otros cinco
imputados.
Se
trata de Wacal Vernavel Méndez Pineda, que aparece vinculado a las empresas de
Alexis Medina con diferentes atribuciones; el exdirector de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán. Previamente, en la tarde, se conocieron las
solicitudes de medidas cautelares contra el exdirector de fiscalización de obras
del Oisoe Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, así como contra los acusados
de testaferrato Julián Esteban Suriel Suazo y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
En
la sesión del domingo la acusación pidió un año de prisión preventiva para el
expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper),
Fernando Rosa, para el exministro de Salud Pública Wilfredo Hidalgo Núñez, así
como para el acusado de testaferrato José Dolores Santana Carmona.
La
misma medida cautelar se solicitó para la exvicepresidenta del Fonper y hermana
del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, mientras que para el
excontralor general de la República Rafael Germosén, el Ministerio Público
cambió su solicitud inicial de prisión preventiva a domiciliaria, después de que
este hiciera una serie de revelaciones.
En
la madrugada del pasado 29 de noviembre la Fiscalía dominicana puso en marcha
una operación contra funcionarios del pasado Gobierno y proveedores del Estado
que llevó a la detención del citado grupo, que desde entonces permanece en
dependencias del Palacio de Justicia Ciudad Nueva de la capital.
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