República Dominicana.- El Gobierno eludió asignar para el
2021 el 41.61 por ciento del presupuesto fijado por leyes especiales a un grupo
de ministerios y entidades estatales. El monto global dejado fuera de los
presupuestos de las instituciones afectadas asciende a RD$223,548.4 millones.
De
acuerdo a un cuadro anexo a un documento de la Dirección General de Presupuesto
(DIGEPRES) que describe el Presupuesto Ciudadano, el monto global asignado para
el 2021 a las entidades que gozan de partidas establecidas por leyes
especiales, fue de RD$326,990.7 millones, cifra que representa el 59.39% del
valor fijado por mandato legal.
Según
indica la Digepres en su documento, “existen al menos 23 leyes que condicionan
el uso de fondos públicos, constituyéndose en rigideces presupuestarias para la
asignación del gasto público”. El anterior director general de Presupuesto se
quejaba de la rigidez que esas leyes y decretos imponían a los diseñadores
presupuestarios, restando flexibilidad para la asignación de recursos.
El
documento de la Digepres explica que partiendo de los porcentajes establecidos
por leyes, para unas 27 entidades o actividades “de hecho, para el 2021 habría
que destinar RD$550,539.6 millones o lo equivalente al 11.2% del PIB,
representando un 61.8% del total de gasto público”. “No obstante, en base a lo
dispuesto en el articulado de la presente ley, lo efectivamente asignado
asciende a RD$326,990.7 millones o lo equivalente al 6.7% del PIB”, precisa la
Digepres.
Se
ha convertido en una práctica de los últimos años que el Poder Ejecutivo pida
una especie de dispensa en cada proyecto de Presupuesto General del Estado, por
la imposibilidad de cumplir con las asignaciones que establecen las diferentes
leyes. Para el presupuesto 2021, apenas tres asignaciones fueron hechas dentro
de los parámetros porcentuales de las leyes que crearon partidas con fórmulas
fijas de cálculos, que a veces son el PIB, otras porcentajes de los ingresos
corrientes o proporción fija de tasas específicas sobre bienes y servicios.
Los
mandatos que se cumplen totalmente para el 2021 lo encabeza el del 4% para
Educación que establece la Ley 66-97 en su artículo 197, cuya asignación es de
RD$194,510.2 millones, con una ligera merma en “el monto correspondiente según
ley” que calcula la Digepres en RD$196,090 millones. Las otras dos partidas
importantes fijadas para el 2021 según las leyes correspondientes son la
dirigida al 9-1-1, creada por la ley 184-17, artículo 26 párrafo 1, que tiene
una asignación de RD$1,080.2 millones, y el Fondo para el pago de la deuda
externa, creado por el párrafo 1 del artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos
número 112-00, cuya asignación es de RD$38,153.0 millones.
Las
podas presupuestarias
Las
mayores reducciones que refleja una comparación de las asignaciones reales con
las legales, las tienen para el próximo ejercicio fiscal la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), los ayuntamientos o gobiernos municipales, el
Banco Central y el Ministerio de la Juventud. También el “Fondo del
Presidente”, que creó la Ley 423-06 y que equivale a un 5% los ingresos
corrientes, quedó trunco en la asignación del 2021, al reflejar un balance de
RD$4,648 millones, de un derecho adquirido que representaría un valor de
RD$32,830.8 millones. Ese fondo es generalmente utilizado por los presidentes
para obras y acciones imprevistas, casi siempre ligadas a necesidades de
urgencias o emergencias. También tiene una gran merma el Fondo de Calamidad
Pública, que se nutre del 1% de los ingresos corrientes, por mandato del
artículo 33 de la misma ley 423-06. Debía tener RD$6,566.2 millones, y figura
con RD$594.8 millones.
Al
Banco Central que según la ley 167-07 en su artículo 6 le corresponde una
asignación equivalente al 1.2% del PIB, figura con una asignación real de
RD$11,248,8 millones, versus una legal de RD$58,827.0 millones. El monto
asignado es para la recapitalización del Banco Central, reponiéndole el costo
asumido por ese organismo en razón del salvamento que realizó cuando ocurrió la
quiebra de los bancos Intercontinental, Bancrédito y Mercantil, en el 2003.
Por
el incumplimiento que cada año se hace en la asignación del monto mandado por
la Ley de Recapitalización, el tiempo previsto para completar el período de las
transferencias ha resultado insuficiente para cubrir los montos estimados. Solo
para el 2021 la rebaja de lo asignado con respecto al valor mandado por ley
será de RD$47538.2 millones.
En
cambio a la UASD, que según la Ley 139-01 le corresponde un presupuesto
equivalente al 5% de los recursos internos calculados para cada período fiscal,
la asignación del próximo año es de RD$9,359 millones, frente a un mandato de
RD$37,196.6 millones. La reducción del presupuesto legal de la academia estatal
fue, en términos absolutos, de RD$27837.3 millones, equivalente 74.83 por
ciento.
El
Ministerio de Turismo, que en virtud del el decreto 99-01 tiene derecho a
recibir el 50% de los ingresos que generan las ventas de tarjetas turísticas,
que para el próximo presupuesto habría representado un estimado de RD$1,045.2
millones, pero con el recorte la asignación quedó en solo RD$126.5 millones.
Los
gobiernos locales tendrán que conformarse con menos de la tercera parte del
presupuesto que la ley 166-03, en su artículo 3 les fija, que es el 10% del
Fondo General. De haberse hecho la asignación en base a ese mandato, la
asignación habría sido de RD$66,215.2 millones. La asignación real, sin
embargo, fue de RD$20,726.1 millones, que representan el 31.30 por ciento de la
fijación estabecida por ley.
La
Junta Central Electoral tendrá también una importante rebaja de sus
asignaciones legales. La ley 15-19, en su artículo 18, manda un 1.5% del monto
del Presupuesto General del Estado, que para el 2021 habría representado un
valor de RD$15,567.6 millones. Pero la asignación real quedó en RD$4,511.3
millones, para una merma absoluta de RD$11,056.3 millones, equivalente a 71.02
por ciento
El
Ministerio de la Juventud y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(Conani) también quedaron con asignaciones reales lejanas a las legales. Para
el Conani la Ley 136-03, en el artículo 448, fija un 2% del Presupuesto
Nacional, que proyectado para el 2021 representarían unos RD$17,827.6 millones.
La asignación final colocada en la Ley de Presupuesto del próximo año es
RD$1,334.8 millones, con una merma de RD$16,492.8 millones. La asignación fue
el 7.48% del derecho legal.
En
el caso del Ministerio de la Juventud, que el artículo 41 de la ley 49-00 le
asigna el 1% de los recursos internos, la referencia legal sitúa su derecho a
un monto de RD$7,439.3 millones, pero la realidad económica le asignó RD$660.7
millones, que son apenas el 8.88% de la referencia legal. El monto asignado es
menor en RD$6,778.6 millones al que le correspondía a ese ministerio de haber
el Gobierno tenido la holgura que le permitiera cumplir el mandato de la ley.
Justicia,
Congreso y casos excepcionales
El
Poder Judicial, con mandato de la Ley 194-04, artículo 3, de una asignación
equivalente al 2.66% del Fondo General, quedará debajo de ese potencial, que es
de RD$17,613.2 millones. Recibirá RD$8,737.9 millones.
El
Congreso que por la misma ley que fija recursos para al Poder Judicial, debe
recibir el 3,10% del Fondo General, que para el 2021 serían RD$20,526.7
millones, tendrá una asignación real de RD$7,818.1 millones.
Como
casos con asignaciones superiores a las fijadas por leyes figuran el Instituto
del Tabaco, que debe recibir el 8% del recaudo producido por el Impuesto
Selectivo al Tabaco y a los cigarros, tasa que para el 2021 produciría un
estimado de RD$243.9 millones, pero que en el Presupuesto tiene una asignación
de RD$338.7 millones, es decir, RD$94.8 millones por encima del monto legal que
refiere el artículo 5 de la Ley 165-01.
Una
posición ventajosa de asignación versus fijación legal tiene también el Ministerio
de la Mujer, al que el artículo 7 de la Ley 88-03 la establece un 1% del
recaudo producido en base a las licencias para porte de armas de fuego. Por ese
concepto el estimado de ingreso para el 2021 es de RD$1.6 millones, y en el
Presupuesto la asignación real es de RD$2.1 millones. El Fondo para el
Desarrollo Vial, que se alimenta del 75% del impuesto adicional de dos pesos
aplicado a los hidrocarburos, también figura con una asignación mayor a la
legal. Tiene RD$1,500 millones, en vez de RD$1,344.6 millones.
En
cambio, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria
Lechera (Conaleche), el organismo creado en virtud de la Ley 180-01, que en su
artículo 6 la crea un monto fijo anual, basado en una tasa que se le aplica a
la importación de leche, y que para el 2021 arroja un cálculo de RD$120
millones, el cual aparece asignado completamente.
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