Según
detalla el expediente, Sosa tenía un poder concedido por la empresa de Medina
para autorizar una línea de créditos y préstamos en nombre de la institución.
Este poder le fue concedido mediante una asamblea general el 31 de octubre del
2017.
En
esta asamblea, según confirmó el Ministerio Público, se autorizó a Sosa para
que actúe en nombre de la empresa de Medina y así pudiera gestionar préstamos
que no podían exceder los 10 millones de dólares en el Banco del Progreso.
Según
detalla la PEPCA, el expelotero quedaría autorizado para la adquisición de los
millonarios recursos y “disponer de los mismos según considere”.
En
la misa asamblea celerabada en el 2017 por la empresa que dirigía Medina, se
autorizó un segundo poder otorgado al hermano de Sosa, José Antonio Peralta, en
el mismo lineamiento de obtener préstamos millonarios en dólares en favor de
General Supply.
Este
convenio, según pudo determinar la PEPCA, tiene como diferencia de la anterior
autorización que los fondos serían adquiridos en mercados financieros
internacionales, a diferencia de los obtenidos por Sosa.
Para
esto, según las autoridades, al hermano de Sosa se le dio potestad para
aperturar una cuenta bancaria en Brickell, asociación financiera de los Estados
Unidos, y desde ésta podía obtener fondos en préstamos que no podían exceder
los cuatro millones de dólares también en favor de la empresa de Medina.
Como
parte de la denominada Operación AntiPulpo, la Pepca apresó el domingo a los
hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a
Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio
Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez,
Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores
Santana Carmona.
El
Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez
dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de
hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien
agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.
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