Recio
Tineo acusó, entre otras cosas, a Luis Henry Molina de prevaricación, coalición
de funcionarios, abuso de poder y desfalco en perjuicio del poder judicial, lo
que constituyen numerosos actos de corrupción. La denuncia cuenta con el
respaldo del Colegio de Abogados y de Pablo Miguel Peña, registrador de
Títulos.
Asimismo,
lo acusa de haber destruido todos los mecanismos de fiscalización de recursos
públicos existentes, para beneficiar a sus allegados, destruir el sistema de
auditoría interna y de haber contratado personas con salarios superiores a los
que devengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La
acusación establece además que Luis Henry Molina privilegió a personas
relacionadas del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones, institución que presidió en el pasado gobierno.
Otras
acusaciones
La
instancia elevada ante la PGR responsabiliza al presidente de la Suprema Corte
de Justicia de violar la Ley de Carrera Judicial con el despido y
desvinculación masivos de servidores judiciales para incluir allegados con
salarios exorbitantes.
Leonardo
Recio Tineo, quien se hizo acompañar del presidente del Colegio de Abogados,
Miguel Surún Hernández y otros directivos del gremio, solicitó a la
procuraduría iniciar las investigaciones pertinentes a los fines de confirmar
la ocurrencia de graves irregularidades que envuelven cuantiosas sumas de
dinero.
La
instancia establece que de manera extraña Luis Henry Molina realizó
licitaciones y contrataciones con nuevas empresas, dejando de lado a otras que
por años ofertaron servicios al poder judicial.
Dentro
de las imputaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia está haber
desviado y transferido de manera irregular, los fondos de pensiones de
servidores judiciales y de haber manejado cientos de millones de pesos al
margen de la Constitución y el reglamento de control interno aprobado por el
Consejo del Poder Judicial.
El
miembro del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo y del CARD, Miguel Surún
Hernández piden a la Procuraduría General de la República determinar las
responsabilidades del presidente de la Suprema y de aquellos funcionarios del
poder judicial y de la jurisdicción inmobiliaria que han incurrido en manejo
fraudulento de los recursos del Sistema del Poder Judicial.
Suplantación
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