La República Dominicana después del asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina ha vivido muchos episodios que la sociedad mediática ha luchado porque se haga justicia y se acabe con la corrupción administrativa de los recursos del presupuesto nacional y de los bienes propiedad del estado desde los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer hasta la fecha, sin que se haya logrado poner freno a las ambiciones del poder y el combate a la corrupción, que solo se ha quedado en ajustes de cuentas, persecución política y complacencia a los grupos de la sociedad civil que no conocen el entramado de intereses de grupos que se anidan en esas acciones, convirtiendo el cambio en un dilema.
Este dilema está marcado por una justicia cuestionada (por el interés de algunos grupos de que no funcione), por una sociedad fanatizada que actúa a través de las redes sociales presionando a los gobiernos a emprender acciones que no siempre la democracia aguanta, con funcionarios con egos sobre las montañas y que muchas veces su ignorancia lo lleva a cometer excesos condenables por esa sociedad que ha estado buscando justicia desde hace mucho tiempo. No hay que perder de vista que hay jueces que no son políticos, que solo quieren servir a los mejores intereses de la sociedad, no obstante, son opacados por los mismos que no quieren que se haga justicia.
El panorama es el siguiente: jueces honorables, honestos y formados ética y moralmente para impartir justicia, sin influencia política; pero bajo nubarrones que nublan el ambiente entretejidos entre los lazos del poder, que pueden verse mezclados con ajustes de cuentas; ciudadanos temerosos de que se aplique una justicia parcial, moldeada por el poder político de turno; una sociedad que reclama justicia a aquellos señalados responsables de corrupción y, el gobierno decidido a cumplir con las promesas de campaña y combate a la corrupción (cosa que no es solo de este gobierno), se ha relanzado en cada cambio de gobierno, ese panorama.
Hoy en día los gobernantes deben concentrarse en no incentivar en crear sociedades de ajustes de cuentas sino en una sociedad de rendición de cuentas y garantizar que la misma se lleve a cabalidad sin pausa. Eso disminuye la rivalidad entre grupos, que tanto daño hace y se buscaría una sociedad participativa, de consenso y dirigida hacia lograr los objetivos de gobernabilidad.
En diferentes pasajes en nuestra historia republicana nos recuerda la obra: “El gabinete del doctor Caligari”, que es una película muda alemana de terror estrenada en 1920, dirigida por Robert Wiene considerada la obra por excelencia del cine expresionista alemán, cuenta la historia de un loco hipnotista (Werner Krauss) que usa a un sonámbulo (Conrad Veidt) para cometer asesinatos. El filme tiene un estilo visual oscuro y retorcido, con formas puntiagudas, líneas oblicuas y curvas, estructuras y ambientes que se inclinan y giran en ángulos inusuales, y sombras y rayas de luz pintadas directamente en los sets, tratando de recrear los actos de las autoridades.
El tema del filme es la autoridad brutal e irracional; el doctor Caligari representa al gobierno militar alemán, y Cesare simboliza al hombre común condicionado, como los soldados, a matar. Otros temas que la película incluye son el desestabilizado contraste entre la cordura y la locura, la percepción subjetiva de la realidad, y la dualidad de la naturaleza humana.
Se sabe que no es lo mismo estar en el poder que estar fuera de él y esa dualidad que le da al ser humano la ocasión, nubla la mente y en pleno ejercicio del poder, se cometen actos que desde un punto de vista son legales, éticos y morales, sin embargo, cuando se analizan desde fuera del poder, cambian de percepción y entonces se ven como actos repudiables y sancionables ante la presencia de Dios y también del Juez. Es como una paradoja que viene sucediendo sin cesar y hasta sin pensar en los más de 50 años de democracia Duartiana.
El escritor y poeta Francisco de Quevedo metido en la cárcel en 1639, por razones todavía no aclaradas del todo, entretejiendo los hilos del poder escribió unos versos, cito: “Retirado en la paz de estos desiertos con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos”. Quevedo escribía en esos versos la desconfianza en la justicia y su estado de misterios enjaulados.
Se sabe que el poder ciega todo ejercicio humano y a todos cuando se está en ejercicio y la justicia acomoda su opinión y el pueblo espera incesante la querella oportuna para juzgarla, no obstante, nadie puede ser juez y parte e impartir la justicia, asimismo. Es menester que los poderes del estado permanezcan separados y que cada uno en su propio ámbito ejecute las acciones a que están obligados a acometer, en virtud de las leyes que nos hemos dado. Es la única medida que puede acertar en la medida del delito.
Las fuentes literarias griegas y latinas cuentan que “El óbolo de Caronte” es un término que se refiere a la moneda colocada en el traje o sobre la boca de un muerto antes de su entierro, representa el pago que debe hacerse al barquero que transportaba a las almas a través del río que dividía el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Es menester que cada persona guarde su Óbolo (en este caso, su dignidad) para hacer el pago a Caronte (rendir cuentas a la justicia) y tenga el pase para caminar tan oscuros caminos.
En los vaivenes del poder y la justicia se debe estar preparado para rendir cuentas, no para ajustar cuentas, ni personal ni política, que es la única forma de fortalecer la democracia con una justicia libre de injerencia política e independiente, no obstante, así sea, el ciudadano siempre se encontrará indefenso y los jueces no estarán satisfecho del deber cumplido.
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