La
empresa propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana entiende que la
comunicación del 11 de agosto por la que el IDAC dio su visto bueno al nuevo
proyecto aeroportuario es “ilegal, ilegítima y violatoria al derecho y al
imperio de la ley” y “también afecta, de forma directa, los derechos de la
recurrente, además de ser contraria a principios vitales en el Derecho Público,
como el de seguridad jurídica y confianza legítima”.
En
un recurso de reconsideración, la CAE señala que la aprobación dada por el IDAC
al Grupo ABRISA quedó condicionada a cumplimientos establecidos en el decreto
270-20 de fecha 21 de julio de 2020 sobre el AIB, los cuales continúan sin ser
satisfechos.
El
artículo del decreto a que se refiere la CAE señala:
“La
empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S. deberá cumplir con todas
las disposiciones legales, reglamentarias y normas administrativas que le
fueren aplicables, incluyendo las contenidas en la Ley núm. 8, que crea la
Comisión Aeroportuaria, del 17 de noviembre de 1978, la Ley núm. 491-06, de
Aviación Civil, del 28 de diciembre de 2006, la Ley núm. 188-11, se Seguridad
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, del 16 de julio de 2011, y la Ley núm.
64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto de 2000; y
obtenga las certificaciones, permisos y autorizaciones requeridas por el
Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Cuerpo Especializado en
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), las autoridades municipales competentes, y cualesquiera otras que sean
necesarias”.
Asegura
la CAE que, hasta la fecha, el Grupo Abrisa “no ha cursado por la entidad
Estatal competente (el IDAC) un solo documento válido, de carácter técnico, que
justifique el cumplimiento de lo ordenado por el artículo 4 del referido
Decreto”.
La
CAE justifica la tardanza en recurrir la decisión del IDAC en que solo fue en
octubre que se enteró oficialmente de la misma, cuando ese organismo suspendió
la aprobación del AIB pendiente de una declaración de lesividad.
Al
convertirse en parte interesada porque la decisión del IDAC le afecta, la CAE
persigue que esa agencia pública suspenda de manera definitiva la construcción
y supervisión del nuevo aeropuerto, lo que legalmente no puede hacer de oficio
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