República Dominicana.– El juez de instrucción José Alejandro Vargas declaró complejo el expediente por corrupción administrativa abierto a raíz de la Operación Anti Pulpo que, según las autoridades, desarticuló un entramado delictivo operado por Juan Alexis Medina Sánchez, quien deberá guardar tres meses de prisión preventiva.
Medina
Sánchez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de
San Cristóbal, al igual que los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles
Alejandro Christopher Sánchez, a quienes se les acusa de haber hecho una
coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y
director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Arresto
domiciliario
La
imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo
Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir tres
meses de arresto domiciliario, con un brazalete en caso de ser posible, o bajo
vigilancia del Ministerio Público. Ambos tendrán que presentar una fianza de 10
millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida
del país.
El
exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A.
Rosa Rosa, también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el
CCR San Cristóbal.
Julián
Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José
Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres
meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.
El
juez alertó que la permanencia de esos tres imputados en las calles puede
llevarlos a distraer pruebas del proceso.
Respecto
al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República,
también deberá cumplir arresto domiciliario, con un impedimento de salida del
país.
Mientras,
el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedará en libertad con la
obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto
que lleva la investigación de la Operación Anti Pulpo.
Vargas
estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional sea el
que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria de juicio.
Antes
de anunciar su decisión, el magistrado ponderó aspectos de la acusación del
Ministerio Público; en ese contexto, resaltó que “hay una estafa” respecto al
suministro de hormigón asfáltico líquido (AC-30) al Estado de una de las
empresas de Medina Sánchez en la que el entonces director de la Oisoe, Pagán
Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad.
El
señor Pagán Rodríguez era “el más arrestado de todos” por la premura en
favorecer al imputado Medina Sánchez, dijo el magistrado.
La
acusación
Según
las investigaciones, Alexis Medina montó una red de empresas, a través de
testaferros, para obtener contratos públicos con múltiples instituciones del
Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el
jefe de Estado.
En
un largo preámbulo, el juez Vargas pidió que no se lleve el caso a la política,
librando de cualquier responsabilidad al expresidente Medina, de quien dijo que
«siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia».
Sobre
Alexis Medina, el juez dijo que «desconoció» que su hermano ocupaba la función
que ocupaba y comenzó a hacer negocios «notorios» con el Estado, apostillando
que cree que el hermano del presidente «mandaba más que los funcionarios».
Sustracción
de 4,796 millones de pesos
La
fiscalía acusa a esta red de sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos
públicos en contratos obtenidos por medio de tráfico de influencias.
Las
empresas de tapadera supuestamente usadas por Medina, según la acusación,
fueron creadas en su mayoría después de 2012 para obtener contratos millonarios
en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la
Procuraduría General de la República.
Junto
a Medina, también figura como imputada su hermana Magalys, exvicepresidenta del
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de las instituciones
implicadas.
Diez
de los once acusados fueron arrestados el domingo 29 de noviembre y el
undécimo, Wacal Vernavel, fue detenido el pasado sábado.
La
audiencia para conocer las medidas preventivas se extendió durante tres días,
más de 27 horas en total, un tiempo inusualmente largo para esta fase del
proceso, lo que generó quejas, bromas e ironías por parte del juez dirigidas
hacia los fiscales y abogados de la defensa por alargar innecesariamente los
debates.
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