República Dominicana.- Al cumplirse el próximo miércoles los primeros cien días del gobierno de Luis Abinader, el posible sometimiento a la justicia de exfuncionarios por posibles actos de corrupción sigue siendo
una de las principales expectativas de la población, pero hasta el momento las autoridades del Ministerio Público no han presentado acusación formal contra ningún incumbente de las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Hasta el momento, las direcciones de Contrataciones Públicas, que encabeza Carlos Pimentel, y Ética Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch, ante la Procuraduría General de la República han depositado cuatro expedientes de casos de presunta corrupción.
Se trata de la denuncia de contratos para asfalto en la gestión de Gonzalo Castillo en Obras Públicas; el caso del Plan Social de la Presidencia por la sustracción de los discos duros de la institución
y dos casos de compras irregulares en el Instituto Nacional de Atención Primaria a la Primera Infancia (Inaipi).
Igualmente, en el Ministerio Público la entidad Sed de Justicia depositó un expediente con una denuncia contra exfuncionarios de la Empresa de Distribución de Electricidad del Norte (Edenorte) que involucra a una hermana de la exprimera dama, Cándida Montilla. Además hayuna denuncia en el Ministerio Público en contra de Alexis Medina, hermano delexpresidente Danilo Medina, que se produjo a raíz de una denuncia de la periodista Nuria Piera.
Por iniciativa de la Procuraduría se han iniciado investigaciones en base a las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno y los salientes. Por ese tema, han sido interrogados la ministra de la Juventud en licencia, Kinsberly Taveras; el diputado peledeísta Radhamés Camacho, así como el senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista. Igualmente, los exfuncionarios, Robert de la Cruz y Francisco Pagán, además de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.
También por iniciativa de la Procuraduría se está investigando el archivo definitivo que benefició a ocho personas en el caso de Odebrecht. Se trata del presidente del PLD, Temístocles Montás y los dirigentes de ese partido Julio César Valentín y Radhamés Segura, También del PRM, Alfredo Pacheco, Ruddy González, y César Sánchez. La Fundación Alianza Ciudadana sometió una oposición al archivo y lo conoce la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, quien fijó audiencia para el próximo viernes.
La Procuraduría ha informado que revisa 326 expedientes de corrupción que reposan en la institución desde el 2002. Los fiscales adjuntos Yeni Berenice Reynoso, responsable de Persecución y Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se ocupan de enviar señales de que se trabaja en esa dirección. “Investigar corrupción es agotador, complejo, retador. Este trabajo exige alma, corazón y vida; demanda dar lo mejor de nosotros para hacer las cosas bien, para elevar el estándar. El momento implica además estar conscientes de nuestra obligación y responsabilidad histórica”, escribió. A ese comentario, Reynoso agragó que “la espera valdrá por mucho la pena... no les vamos a fallar!”.
Luis Abinader dice cumplió y ahora toca a Procuradora
Una de las principales promesa de campaña del presidente Luis Abinader fue empujar una justicia independiente que termine con la impunidad y castigue los actos de corrupción que, según decía, había en el pasado gobierno. En la transición, la periodista y activista social, Altagracia Salazar, que apoyó a Abinader en la campaña electoral, advirtió que si en enero del 2021 no hay presos por corrupción, habrá marchas para presionar para que los casos no queden impunes.
Sobre ese tema, el presidente de la República al presentar los logros de su gestión el pasado lunes, sostuvo que cumplió con su promesa de designar una procurada independiente, Mirian Germán Brito, y que ahora es responsabilidad de la funcionaria demostrarlo.
Igualmente, comentó que los procesos judiciales se toman su tiempo y que como es incorrecto que una persona que cometa actos de corrupción quede impune también lo es acusar personas sin pruebas. La declaración del principal acusado del caso Odebrecht, Ángel Rondón, agrega nuevos elementos, pues según dijo, el pasado Gobierno habría sacado del país al representante de la constructora, Marcos Basconcelo Cruz, supuestamente porque si hablaba “no solo se cae el gobierno de Danilo Medina sino el sistema político”.
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