República Dominicana.- El abogado y alto dirigente político Guido Gómez Mazara depositó por ante el magistrado Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), un expediente sobre presuntos hechos de corrupción del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del Ejército de la República Dominicana.
Gómez
Mazara detalló que los documentos contienen las operaciones financieras de las compañías UNICO REAL STATE, SRL y
Asociación Campesina Madre Tierra, registradas bajo la titularidad de la señora
Maybelli Guzmán "pero con evidente vinculación al Mayor General (ERD),
Adán Cáceres Silvestre".
El
abogado y dirigente político, aseguró que uno de los rasgos siempre esquivados
en la intención de adecentar el ejercicio público consiste en dejar en la
jurisdicción de la clase política los procesos de persecución a las prácticas
de corrupción, excluyendo un segmento del sector militar y policial.
Agregó
que altos oficiales militares y policiales, en el proceso de descomposición
institucional, exhiben niveles de acumulación oprobiosa, regularmente
apadrinado por sus jefes políticos.
Dijo
que en lo concerniente al mayor general (ERD) Cáceres Silvestre, los salarios
obtenidos en los últimos 8 años no alcanzan para las inversiones realizadas por
la empresa que aparece formalmente de propietaria de inmuebles, “irónicamente”
ocupados por el alto militar.
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Para
el profesor universitario, una simple observación de las transacciones
realizadas por UNICO REAL STATE demuestra que el ex jefe del cuerpo de
ayudantes militares durante la administración del expresidente Danilo Medina,
“por coincidencia” reside en una de las propiedades adquiridas por la señora
Guzmán en el Municipio Santo Domingo Oeste.
Asimismo,
señaló que la finca avícola ubicada en Sabana Grande de Boyá, también está
registrada bajo el nombre de la misma dama.
"Existe
un sentido de complicidad histórica respecto del patrimonio de jerarcas
militares que en todos los gobiernos, al cesar en sus funciones, su crecimiento
financiero no se corresponde con los ingresos formales conseguidos por su
condición de empleado público, y en el caso específico, la empresa que sirve
como sombrilla para ambas operaciones posee un capital social de 500 mil pesos,
se constituyó en el 2015, está ubicada en Santo Domingo Este y no exhibe un
historial de desenvolvimiento contable que justifique desembolsos de altos montos",
precisó Gómez Mazara.
Resaltó,
lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución en su numeral 3, que
establece que “es obligatorio, de acuerdo en lo dispuesto por la ley de
declaración jurada de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre
probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus
funciones a requerimiento de la autoridad compentente".
Dijo
que en lo concerniente al mayor general (ERD) Cáceres Silvestre, los salarios
obtenidos en los últimos 8 años no alcanzan para las inversiones realizadas por
la empresa que aparece formalmente de propietaria de inmuebles, “irónicamente”
ocupados por el alto militar.
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