El Partido Revolucionario Moderno ya no
es oposición, es gobierno. Esto significa que ya no puede hacer promesas, sino
ejecutarlas. Es decir, el cambio prometido tiene que cumplirse. El cambio debe
comenzar por casa.
Sin embargo, hemos visto un gobierno
enmudecido luego del reportaje de la reconocida periodista Nuria Piera donde
expuso que la actual ministra de la Juventud ha cometido actos contrarios a la
ética gubernamental, prometida por Abinader.
¿Es la ministra de la Juventud, quien
nos dijo llamarse Kimberly y no Kinsberly (como data en sus documentos
oficiales y declaración de bienes) una vaca sagrada del PRM? ¿Por qué a
diferencia de lo que ocurrió con el exfuncionario de Salud Pública, denunciado
por Ricardo Nieves, no se ha actuado en consecuencia con esta funcionaria?
Recordamos que acto seguido de la
denuncia de Nieves, hubo pronunciamientos tanto del ministro Plutarco Arias,
como de la directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros
Ortíz Bosch. Se iniciaron acciones como la de destituir al presunto vulnerador
de los principios éticos, sin haber sido comprobada su culpabilidad o
responsabilidad de los hechos endilgados. Tanto así que, aún sigue siendo investigado.
La diferencia es que ya no está en el cargo, mientras Kinsberly, mejor conocida
como Kimberly, sí.
Es así como desde su posición
gubernamental, al no ser removida, le manda el mal mensaje a la juventud de que
se puede ser un millonario joven si se tienen influencias y se violan las
leyes. Porque independientemente de las luces que puedan arrojar
investigaciones a partir de las mostradas por Nuria (en caso de que se hagan),
la verdad es que siendo funcionaria no podía tener ningún tipo de contrato con
el Estado.
Al menos, así está establecido en la Ley
340-06 de Compras y Contrataciones Públicas en su artículo 14. Pero más allá de
esa prohibición expresa de la ley para que los funcionarios públicos se
abstengan de ofertar o contratar con el Estado, no olvidemos que el pasado 26
de agosto se emitió la circular DGCP-07-2020, otorgando un plazo de 30 días
calendarios, a partir de ese día, para que TODOS los funcionarios incluidos en
el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su Registro de
Proveedores del Estado.
¿Y quiénes son los funcionarios
sometidos a ese régimen legal? Muy simple: MINISTROS, viceministros,
directores, subdirectores, alcaldes y regidores. O sea, ninguno de estos puede
ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios
a las instituciones gubernamentales.
Sin embargo, al parecer la ministra
juvenil está por encima del bien y el mal, que decidió hacer caso omiso tanto
al llamado como a la ley. No fue sino hasta hoy que la Dirección General de
Contrataciones Públicas (DGCP) decidió de oficio suspender el RPE de la aún
ministra.
Pero mientras el hacha va y viene,
nuestro único consuelo es que la Primera Dama, Raquel Arbaje, “está atenta” y
que Milagros Ortíz Bosch, aunque no ha ido personalmente a buscar documentos
para la investigación (como sí hizo en el caso del funcionario de tercera
categoría de Salud Pública), al menos le pidió al presidente de la Cámara de
Cuentas que no renuncie, así, de paso, investiga ese caso en lo que entiende se
le puede olvidar al pueblo dominicano.
¡Pero les tenemos noticias! Tras 20 años
de aguantar un PLD corrupto y saqueador, el pueblo dominicano no está dispuesto
a tolerar y mucho menos a financiar más pan y circo. Ya sacamos al PLD y lo
mismo podemos hacer con el PRM y cualquier otro gobierno que crea que pueda
cambiarnos oro por espejos.
Así que olvídense de esa vieja estrategia política de dar discursos a medias y apostar al olvido. Con eso no van a callar y mucho menos a calmar a un pueblo resentido, ávido de justicia y harto de abusos de poder.
Notas sobre el autor:
Alfonso Paulino Benoit es periodista,
comentarista e influencer político. En su canal de Youtube, Conciencia Política Dominicana,
analiza diariamente el acontecer político de la República Dominicana.
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