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martes, 29 de septiembre de 2020

La Inversión publico-privada

Noticias SC     7:25  No comments


Por Carlos Ogando 

La firma de un convenio entre el sector privado y el sector público es fundamental para emprender obras que vayan en beneficio del desarrollo del país y, ahora con mucho más fuerzas incentivar su incursión en áreas prioritarias no solo con el sector privado local sino también con la participación de la inversión extranjera, que disminuyó  en el 2018 comparado con el año 2017, que fue de US$3,571 millones de dólares y en el año 2018 fue de 2,535 millones de dólares con una disminución de US$1,035 millones (según informe CEPAL 2005-2018).

Las inversiones del sector público han disminuido también en los últimos años  (2011-2019) por debajo del 2.3% del PIB y su impacto ha caído de manera negativa en las inversiones en el sector agropecuario y se han esforzado en invertir en transporte de pasajeros y telecomunicaciones. Hoy, a partir de la firma del convenio de inversión en proyectos entre sector público y privado, esas inversiones deben dar un giro con mayor apoyo en obras de energía, agua potable y agricultura para poder compensar el déficit en los productos de primera necesidad y economizar las divisas frente a un sector exportador deprimido.

Para incentivar la inversión extranjera deberán priorizarse las áreas que este sector ha estado demandando en América Latina y el Caribe, que de acuerdo a indicadores publicados por la CEPAL en el periodo 2005-2018 se observa que las operaciones de mayor magnitud realizadas en 2018 corresponden a la industria de los hidrocarburos —tanto en la fase extractiva como en refinería y distribución de combustibles— y a los grandes emprendimientos en minería, así como a los sectores de servicios básicos (electricidad y agua), servicios financieros, servicios médicos, telecomunicaciones, transporte y a los sectores manufacturero, bebidas y agroquímicos. Todos estos renglones incluyeron más del 82% de la inversión extranjera.

El presidente de la República, Luis Abinader, firmó la tarde de este miércoles el Reglamento de Aplicación de la Ley 47-20 de Alianzas.

Público-Privadas, un instrumento a través del cual el Gobierno busca generar inversiones en obras sociales y creación de empleos. Los sectores prioritarios serán: el transporte vial, aéreo y marítimo, agua, educación, agropecuario, energía, salud, vivienda, turismo, comercio internacional, movilidad urbana, telecomunicaciones, seguridad ciudadana y defensa nacional.

Sin embargo no se puede perder de vista que la mayor demanda que tiene el mercado son las necesidades de preservar la salud y mantener la educación funcionando frente a esta pandemia del Covid-19 que está afectando a todos los países sin distinción y que son sectores donde se pueden atraer inversiones para suplir el déficit de insumos y equipos para ambos sectores y que bien pueden producirse en el país tanto para consumo local como también para la exportación y generación de divisas que tanto las necesita el país.

Según Sigmund Freud, director general de Alianzas Público-Privadas, manifestó que el Gobierno estará en conversaciones con el sector privado para que todos los procesos sean realizados con transparencia, oportunidad igualitaria y evitando trabas burocráticas. Que en tal sentido se dictó la Ley núm. 47-20, del 20 de febrero de 2020, que aprobó el nuevo marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos de inversión bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, que aporta una nueva modalidad contractual entre los agentes públicos y privados para el desarrollo de infraestructuras y provisión de servicios públicos que se traducen en la satisfacción del interés público y en beneficio de todas las personas.

Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) son un instrumento para integrar la iniciativa privada a los esfuerzos del sector público, las asociaciones de la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y otros actores para lograr objetivos de desarrollo nacional, compartiendo recursos, conocimientos y, sobre todo, el compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad.

Un paso de envergadura para la Humanidad lo representa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas; es un plan de acción en favor de la prosperidad de las personas y del planeta, en el cual se reconoce la necesidad de la erradicación de la pobreza en todas sus formas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan la pauta para articular un esfuerzo global, en el cual cada país debe aterrizar en políticas nacionales apegadas a sus propias prioridades.

La república dominicana recibió inversiones extranjeras en el año 2017 por US$3,571 millones de dólares y en el 2018 el monto de US$2,535.00 millones ocupando el lugar número uno entre 16 países de Caribe; a nivel Centro América el tercer lugar y nivel de América Latina el séptimo lugar tan solo detrás de Chile. La  República Dominicana tiene que seguir a la vanguardia en esta difícil coyuntura en el proceso de continuar trayendo inversiones que mitiguen la pérdida de divisas por el enfriamiento de la economía y mantener el país montado en el carro del progreso.

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