Miriam Germán Brito explica, mediante un auto, que los
casos habían sido trasladados a esa jurisdicción sin un parámetro razonable.
SANTO DOMINGO (RD).- La Procuraduría General asumió la
investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de la
Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada en la
transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese
delito.
Al solicitar a la Fiscalía del Distrito el
desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam
Germán Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de
manera segmentada y sin criterio definido”.
Añadió que las denuncias se enviaron de forma
discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo
justificara. Explicó que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo
los mismos parámetros objetivos elaborados por el Ministerio Público que
encabeza para que haya un procedimiento estandarizado.
Los expedientes incluyen la denuncia de corrupción
contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia (INAIPI) por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Además, el caso de corrupción administrativa de la
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel
Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA),
encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos
Pueblos contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma
legislación.
Los expedientes incluyen las denuncias presentadas
contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley
155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del
Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el
abogado Guido Gómez Mazara.
También, las presentadas por el mismo abogado, los
días 12 y 25 de mayo de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo
Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación
a la Ley 340.
El procedimiento se trata de una avocación que se
ampara en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio
Público (Núm. 133-11, del 7 de junio de 2011), la cual en su artículo 30,
inciso 10, le otorga al Procurador General de la República la atribución de
“asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso
penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo
juzgue conveniente al interés público”.
“Esta avocación estará precedida de un dictamen
motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del
caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente
apoderado”, dice el auto.
Recuerda que las investigaciones de corrupción
requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los
recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan. En
ese contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias
dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por
mandato de la ley”.
La procuradora general había pedido a la fiscal del
Distrito, Rosalba Ramos Castillo, mediante oficio del 25 de agosto, una lista
de los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción.
Luego otorgó un plazo de 48 horas para su remisión
ante la Procuraduría General, en donde lo asumirá junto a un equipo de su
gestión.
German Brito plantea que el Ministerio Público toma
“todas las medidas necesarias” con el propósito de “garantizar el cumplimiento
efectivo de uno de los objetivos más relevantes para el órgano de investigación
de la República Dominicana: perseguir con resultados eficientes los casos de
corrupción”.
Recuerda, en uno de su considerando, que la Convención
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción define ese
flagelo como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias
corrosivas para la sociedad”.
Cita a la ONU, además, en la aseveración de que la
corrupción “socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones
de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida
y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras
amenazas a la seguridad humana”.
Deplora que hasta el momento en República Dominicana
los casos de corrupción se hayan investigado y procesado siguiendo acciones
aisladas y sin las herramientas necesarias para instrumentar los procesos a la
altura de las acciones criminales complejas a las que pertenecen y que son
propias del crimen organizado.
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