En
una rueda de prensa, el responsable de Seguridad Nacional del Departamento de
Justicia, John Demers, especificó la lista de países afectados
EE.UU.
acusó este martes a dos «hackers» chinos de robar, entre otras cosas,
información de compañías privadas de todo el mundo dedicadas a la investigación
de vacunas, tratamientos y test para combatir la pandemia de Covid-19. Según el
escrito presentado por el Departamento de Justicia, los dos ciudadanos chinos
fueron asistidos por un miembro del Ministerio de Seguridad Estatal de China,
una agencia de espionaje dedicada a la contrainteligencia, la inteligencia en
otros países y la seguridad política dentro del territorio chino.
Los
«hackers», según la acusación, actuaron en beneficio propio y del Gobierno de
China, con una campaña de robo de información valorada en cientos de millones
de dólares, que se ha alargado durante una década y que incluye compañías en
EE.UU., Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Holanda Japón, Lituania,
Reino Unido, Suecia, y España. El escrito no menciona los nombres de las
compañías afectadas, pero las localiza, dentro de EE.UU., en los estados de
California, Massachusetts, Maryland, Texas, Virginia y Washington. También
especifica que han sido atacados una contratista militar en España, una empresa
de inteligencia artificial de Reino Unido y una compañía de energía solar de
Australia.
Los
acusados también atacaron bases de datos gubernamentales, de religiosos, de
disidentes en China y Hong Kong y de organizaciones de derechos humanos. En
algunos casos, entregaron al Gobierno chino los nombres, cuentas de correo
electrónico y contraseñas de las personas afectadas. Entre otras estaban un
activista pro-democracia de Hong Kong y un ex organizador de las protestas de
la plaza de Tiananmen.
En
paradero desconocido
Los
nombres de los acusados son Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33 años.
Su paradero es desconocido pero las autoridades estadounidenses creen que se
encuentran en China. Se enfrentarán a once cargos por, entre otras actuaciones,
«investigar las debilidades en las redes de empresas de biotecnología y otros
sectores conocidas por trabajar en vacunas, tratamientos y tecnología de test
para el Covid-19». En enero y febrero, cuando la pandemia azotaba con fuerza a
China, Li trató de penetrar en las redes informáticas de firmas biotecnológicas
de EE.UU. que estudiaban el virus, así como en las de una empresa que producía
de kits para los test de Covid-19. El Departamento de Justicia de EE.UU. no
tiene indicios de que los ‘hackers’ tuvieron éxito a la hora de sustraer esa
información relacionada con la lucha contra la pandemia.
«China
tiene ahora un sitio, junto a Rusia, Irán o Corea del Norte, en el vergonzoso
club de los países que dan refugio a criminales cibernéticos a cambio de que
esos criminales estén “de guardia” para trabajar para el beneficio de su
Gobierno», aseguró el fiscal adjunto John Demers, el más alto cargo del
Departamento de Justicia de EE.UU. sobre seguridad nacional. «En este caso,
alimentan el hambre insaciable del Partido Comunista chino por la propiedad
intelectual conseguida con el esfuerzo de compañías estadounidenses y otras que
no son chinas, incluidas las que investigan el Covid-19».
Ya
en el mes de mayo las autoridades de EE.UU. advirtieron de los intentos de
«hackers» chinos de robar información de investigadores de universidades,
farmacéuticas y empresas de salud sobre el tratamiento de coronavirus, aunque
no señalaron a ningún acusado en particular.
Sustraer
información
La
semana pasada, EE.UU., Canadá y Reino Unido acusaron a grupos relacionados con
la inteligencia de Rusia de tratar de acceder a datos sobre la investigación de
la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades de EE.UU. también aseguraron
que Irán había realizado movimientos para sustraer a información sobre esas
investigaciones.
La
interposición de cargos contra los «hackers» es el último episodio de la
escalada de tensiones entre Washington y Pekín. La guerra comercial, la disputa
por el despliegue de redes 5G y las acusaciones de robo de propiedad
intelectual contra China se han visto azuzadas en las últimas semanas por otras
cuestiones de geopolítica. La aprobación de una ley de seguridad autoritaria
por parte de Pekín en Hong Kong, un territorio autónomo bajo su soberanía, han
supuesto el intercambio de sanciones a altos cargos de ambos países y una
andanada legislativa en EE.UU. que ha acabado con la eliminación del trato
preferencial de Washington al principal centro financiero de Asia. La
Administración Trump se ha llegado a plantear el veto de entrada a todos los
miembros del Partido Comunista de China en EE.UU.
La
acusación ha coincidido con la visita del secretario de Estado de EE.UU., Mike
Pompeo, a Londres, donde tenía prevista una reunión con el primer ministro
británico, Boris Johnson, para tratar las relaciones de ambos socios
estratégicos con China.
El
secretario de Defensa, Mark Esper, informó el martes de que las fuerzas
militares de EE.UU. estaban reforzando su presencia en Asia ante una posible
confrontación, pocos días después de que la Administración Trump declarara como
«ilegales» las reclamaciones de soberanía de China sobre buena parte de las
aguas del Mar del Sur.
EE.UU.
también anunció el martes sanciones para otras once compañías chinas, por las
que no podrán comprar tecnología o productos estadounidenses sin un permiso
especial. Entre las sancionadas hay proveedores de empresas estadounidenses
como Apple, Ralph Lauren o Google, y se les acusa de ser cómplices en las
violaciones contra los derechos humanos del Gobierno de China hacia minorías
musulmanas de la región de Xinjiang. Grupos de activistas e informaciones
periodísticas han denunciado una campaña de detenciones masivas en la región,
donde cientos de miles de personas pertenecientes a estas minorías han sido
desplazadas a campos de internamiento.
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