Es común expresan personas consultadas y que su nombre no se publica por temor a represalia las ventas de otros productos en el supermercado Inés en esta ciudad.

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- Salsas condimentadas picantes especial para Tacos exportada desde el extranjero son vendidas con fecha de vencimiento, tapa cubierta de moho y etiqueta adicional, la que no permite leer su etiqueta original.

Noticias SC se traslado a dicho establecimiento comercial en esta ciudad y de manera directa se percató de las denuncias hecha por decenas de personas que se dan cita a dicho comercio, donde contacto se vende a muy bajo costo la salsa proveniente del extranjero de condimentas tacos “Old El Paso” Thick n` Chokky, una reconocida salsa picante de prestigio internacional a un costo de RD$ 99.99 centavos la que se vende en oferta especial, la que se estima su costo en el mercado local es de RD$350.00 pesos dominicano.

Dicho supermercado que en varias ocasiones es denunciado por sus clientes por las ventas diversos productos en franca violación a las leyes dominicana. Lo que constituye lo establecido por Proconsumidor en el país, la que en reiterada ocasiones anunció la aplicación de una escala de multas a los establecimientos que incurran en faltas graves, muy graves y reincidencia en la venta de productos vencidos, golpeados, contaminados.

Leyes de Proconsumidor en República Dominicana

La escala de multas administrativas contempladas en el artículo 112 de la Ley 358-05 establece una escala de multas en base al salario mínimo establecido en el país según las leyes establecidas Proconsumidor.

La ley estipula el apercibimiento de 20 salarios mínimos para las faltas leves, de 20 a 100 para las graves y para las muy graves desde 100 hasta quinientos salarios mínimos.

Los establecimientos que incurran en reincidencia y en faltas graves serán multados con la escala establecida por la ley que va desde 500 salarios mínimos, las cuales serán efectivas a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución y pagaderas a (10) días posterior a su notificación.

La Resolución 214-2011 del Instituto Nacional de Protección del Derechos del Consumidor, serán efectivas a partir de la fecha de notificación al establecimiento que contará con un plazo de diez días a partir de la notificación para hacer efectivo el pago ante la entidad defensora de los consumidores.

Cada infractor será notificado y el que se abstenga de cumplir con la disposición será sometido a los tribunales competentes, donde además serán establecidas multas coercitivas independientemente de las establecidas por la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor. La resolución entró en vigencia desde el pasado cinco de septiembre.

La medida tiene fundamento legal en uno de los considerados de la Resolución que plantea que: “las infracciones muy graves, serán objeto de multas desde cien (100) salarios mínimos hasta quinientos (500) salarios mínimos, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de infracción.

Pro Consumidor cita también como base legal para su decisión que “las decisiones de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus actividades constituyen verdaderas sentencias, como resultan en la especie, las "advertencias" realizadas por la Dirección Ejecutiva en materia administrativa para los casos que aplican, como primera sanción a las infracciones de consumo, previa investigación y verificación de los actos ilícitos contrarios a la ley”.

“En consecuencia, una vez se confirman nuevas infracciones, están presentes los elementos constitutivos de la reincidencia, por lo que la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor está facultada a sancionar con multas administrativas de hasta 500 salarios mínimos, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de infracción”.

El anuncio de la aplicación del régimen de multas a los establecimientos se produce poco después de que Pro Consumidor anunciara la incineración de más de 62 mil productos vencidos que les fueron incautados a propietarios y gerentes de establecimientos comerciales que los ofertaban y vendían vencidos a los consumidores.