Por Sonia Calderón

4 de Febrero 2021.- El recién pasado dos (2) de febrero llegó a su término el ejercicio de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

De modo que el Congreso Nacional debe acelerar la selección de sus sustitutos, claro, sin que la prisa los lleve a cometer el error del Congreso que eligió los actuales jueces, que dicho sea de paso están todos bajo investigación del Ministerio Público, por los motivos de que más que una Cámara de Cuentas se convirtió en una Cámara de Cuentos.

Ya la Cámara de Diputados ha depurado una gran cantidad de aspirantes, descartando muchos por diversas razones, que van desde tener negocios con el gobierno hasta tener compromisos fiscales pendientes con la   DGII, del grupo que queda tendrá que elegir 5 quinteto o grupo de 5 para enviarlo al Senado para que éste elija uno.

Es bueno señalar, que no se debe escoger por apellidos sonoros ni nombres rimbombantes, pues dentro de ese grupo hay hombres y mujeres sin apellidos y nombres reconocidos que tienen la capacidad, la integridad y el valor para hacer una gestión de excelencia, tal es el caso del DR. JOSE ELIAS RODRIGUEZ BLANCO, un hombre ducho en el ejercicio del derecho en todas sus facetas, con una preparación extraordinaria y postgrado en áreas tan importantes como Contrataciones Públicas y Gestión Pública, de bajo perfil, pero uno de los pocos hombres que están apostando por un mejor país. Le conocí mientras participábamos en un debate para elaborar proyectos educativos que nos permitan intervenir en la edad temprana a los adolescentes y jóvenes, mediante programas de formación ética, moral, civismo y ciudadanía responsable. Los que me conocen saben que no soy dada a la adulación, pero pienso que con la escogencia, el DR. JOSE ELIAS RODRIGUEZ BLANCO, el Congreso, haría honor  a la transparencia y por primera vez en lahistoria, la Cámara de Cuentas desempeñaría la labor llamada a realizar,  con ética, integridad y sin apañamiento de los ilícitos en la administración pública, quiero terminar con el perfil del DR. JOSE ELIAS RODRIGUEZ BLANCO,no sin antes recordarles a los diputados y senadores que este pueblo se merece un Juez de esta estirpe en la Cámara de Cuentas.

Por Lic. César Fragoso. 

El Presidente Luis Abinader ha dado a conocer un extraordinario proyecto de construcción de viviendas para favorecer a los que menos posibilidades tienen de adquirir una casa o apartamento y esta excelente noticia tiene confundidas a muchas personas.

Como a mí me han llamado para consultarme sobre el tema, entiendo que debo hacer algunas aclaraciones en palabras simples que sean del entendimiento de todos.

Lo primero que debo decir es que, aunque ha salido con grandes titulares la información de que “EL gobierno va a construir 60,000 mil viviendas” la realidad es que el Estado NO va construir una sola casa, ni un solo apartamento como parte de ese programa de construcciones.

El propio Presidente Abinader dijo que: “No son proyectos de construcción del Gobierno. Nosotros lo que estamos haciendo básicamente, es facilitar desde la estructura financiera y aquella brecha financiera que los sectores más desposeídos no tienen”.

Adicional a esa aseveración también informó que: “Para este proyecto, el Estado tiene presupuestado una inversión de 200 millones de dólares, en los cuatro años de duración, a través de bonos que serán otorgados a las familias que se acojan a este, pero los bonos y sus beneficios dependen de los ingresos”.

Y todavía fue más preciso al decir que el: “Estado pondrá facilidades de terrenos en todo el país y las construcciones serán “focalizadas y desarrolladas” por lotes en base a un plan previamente establecido”.

A pesar de estas claras informaciones otorgadas por el Presidente Abinader, algunos medios se han referido a la noticia indicando que el Gobierno va a construir esas viviendas y esto tiene a muchos pensando en que les van a regalar una casa o apartamento.

Aquí se hace necesaria otra clara y precisa información ya que a nadie se le va a regalar una de las casas o apartamentos que se construyan en cualquier lugar de la geografía nacional.

En los diferentes mandatos del Dr. Joaquín Balaguer los dominicanos nos acostumbramos a recibir, de parte del Gobierno, apartamentos en forma de regalo o con extremas facilidades de pago y, ante la forma de titular la información dada por el actual Mandatario que algunos medios han usado, hay quienes están pensando que esos tiempos han vuelto a nuestros días.

A los que piensan que volvieron los tiempos de Balaguer, lamentablemente debo decirles que no es así, que esos tiempos ya se fueron y, lo más probable, es que jamás regresen.

Reconociendo el marcado interés del Presidente Luis Abinader de ayudar a que los más humildes lleguen a tener un techo propio, el esfuerzo del Gobierno se limita a poner la tierra para la construcción y a otorgar los bonos detallados, según indicó el Ejecutivo: “Los subsidios del gobierno vendrán en bonos para el pago inicial (Bono Inicial Familiar) y en la tasa de los préstamos (Bono Tasa) para facilitar los pagos mensuales de los nuevos propietarios de vivienda, durante un período de siete años”.

Considerando que esas viviendas serán construidas por promotores del sector privado, tendrá que estar presente la figura del fideicomiso en la que el Estado pone las tierras, los bancos prestan el dinero a los constructores a bajas tasas de interés, reciben los dineros de los compradores y los constructores hacen las viviendas.

Estamos ante la presencia de otro proyecto habitacional similar al de Ciudad Juan Bosh con la diferencia de que será a nivel nacional y, por el momento, no tendrá un nombre específico de una figura importante del partido que hoy dirige la casa de la Dr. Delgado.

Algo que me preocupa y que dejaré para analizarlo más adelante, es lo relativo al posible aumento de los materiales de construcción lo que, sin lugar a ninguna duda, podría encarecer los costos y dejar de ser atractivo para los constructores el desarrollar los proyectos, aún con las favorables condiciones que pretende dar el Estado.

En las pasadas últimas semanas, sin que existiera un plan tan agresivo del uso del cemento como el que se avecina, las asociaciones de desarrolladores de viviendas y constructores en general, se quejaron ante el país por los incrementos que han tenido que soportar en los insumos que utilizan y, las casas y apartamentos, han sufrido alzas en sus precios.

Esperemos a ver qué pasará en los próximos días cuanto este plan de nuevas construcciones comience a ejecutarse.

Yo entiendo la buena fe de nuestro Mandatario y su iniciativa para ayudar a que los más pobres lleguen a tener sus casas, sin embargo, la realización de lo prometido no es algo tan simple como decirlo, por lo que la gente debe de entender que: El Gobierno NO va a construir ni a regalar viviendas.

Por Sonia Calderón

Enero 26 de 2021.- Como he escrito en artículos anteriores, lo peor que le puede pasar a un pueblo es que lo gobierne un empresario, pues desde allí está comprometido con su clase, con el partido más grande de este país, aquel que no tiene colores "El Partido de los Socios”.

En República Dominicana arribamos hoy a 160 días de un nuevo gobierno, que durante toda la campaña se vendió como el partido del " cambio", ese mismo slogan se vendió en 1978, cuando todo un pueblo estaba hastiado de la represión política y sin temor a equivocarme, la historia me dice que hubo cambios sustanciales.

Hoy el gobierno enfrenta una crisis de identidad y una lucha intestina que lo tiene ardiendo por debajo.

Sin embargo, creo que nuestro elocuente presidente ha tomado algunas decisiones que debería explicar a este pueblo:

1. La decisión de no exigir pruebas de COVID19 a los turistas, cuando todos los países la exigían y siendo el presidente un empresario del sector, ¿es pura coincidencia?

2. Que en 160 días el CEMENTO haya aumentado de RD$330.00 pesos a RD$420.00 pesos, o sea RD$90.00 pesos por funda, siendo el presidente dueño de una cementera, ¿coincidencias?

3.Que de repente la DGII decida exonerar de impuestos sobre la renta al sector turismo hasta el mes de mayo 2021, siendo nuestro presidente y su familia empresarios del sector. ¿puras coincidencias?

Prefiero pensar en que son puras coincidencias, pues de lo contrario, hablar de ética, transparencia y de corrupción, sería un sofisma.

Mientras esto pasa:

a)     Los supermercados vuelven a ser la casa del terror.

b)    Los combustibles están RD$10.00 más caros que en agosto del 2020.

c)     La carne de res está a RD$150.00 pesos la libra.

d)    El pollo a RD$80.00 la libra.

e)     Los plátanos, vegetales y otros rubros están inalcanzables.

Para colmo, como si fuese poco, comienzan a surgir las bocinas diciendo que estamos en el mejor país del mundo, que es el gobierno que mejor ha manejado la pandemia y que el presidente está en segundo lugar después del presidente Bukele en la República del Salvador como el mandatario más popular de América Latina.

Podríamos pensar que la artillería publicitaria del gobierno nos quiere coger de tontos con "P", pero me pregunto, ¿Sería pura coincidencia, que el gobierno llevara a su gabinete figuras como Juan Bolívar Díaz, Andrés L. Mateo, el exsacerdote Mario Serrano y Milagros Germán?;  pienso que no, entiendo que se planificó decapitar las plumas y las voces que habían alcanzado la confianza de la sociedad, esto sin olvidar las ofertas que le hicieron a Ricardo Nieves y Marino Zapete que, gracias a Dios, ellos no aceptaron, pues estos, junto a Altagracia Salazar, encabezan las vías de expresión para decir la verdad, que este “cambio”, solo ha sido de color.

Cabe señalar y es bueno recordarle al gobierno y al PRM, que el heróico abril se acerca, que el 1965 y el 1984 aún late en el corazón de los que vivieron esos momentos y de los que hemos recibido testimonios, relatos de testigos y actores de esos acontecimientos.

Quiero finalizar no sin antes citar una frase del filòsofo, polìtico y escritor Lucio Anneo Séneca: “Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”. 

Por Elvin Dominici

 

Joseph Robinette Biden Jr. (Joe Biden) es el presidente electo número 46 de los Estados Unidos y ha llegado al poder para enfrentar dos grandes plagas que siguen afectando al pueblo anglosajón y el mundo: la pandemia global del coronavirus y terminar las ejecuciones políticas impuestas en el gobierno del líder del movimiento de la supremacía de la raza blanca, Donald Trump.

 

Biden salió victorioso en una elección presidencial muy polémica debido a los siguiente eventos: primero, esta fue llevada a cabo durante la pandemia global del coronavirus, segundo,  las luchas intensificadas a nivel nacional sobre la injusticia racial y tercero, una profundización de la división política en el país. Todo esto no detuvo su triunfo histórico y Biden ganó con más de 81 millones de votos populares, la mayor cantidad de votos en la historia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El pueblo norteamericano dijo no a la reelección presidencial de Trump.

 

En su toma de posesión presidencial, Biden pasó de ser el primer vicepresidente demócrata de un presidente afroamericano con Barack Obama; a ser el primer presidente demócrata en llevar de vicepresidenta a la primera mujer de descendencia negra al poder, la exsenadora de California, Kamala Devi Harris. Este hecho deja marcada la nueva década con la validación de la igualdad de género en la segunda posición política más poderosa del mundo.

 

Los norteamericanos de todas las clases sociales esperan que el nuevo presidente pueda tomar las riendas del gobierno por un camino inclusivo y de respeto a la 14a Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos: Derechos Civiles (1868) entre todos grupos étnicos minoritarios e inmigrantes que componen esta gran nación.

 

Nosotros fuimos testigos de otro hecho que marcó la historia norteamericana en esta juramentación presidencial. Esta es la primera juramentación de una mujer afroamericana Kamala Harris al cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos de la mano de una mujer latina, Sonia Sotomayor quien es una Juez Asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ella a su vez hizo historia con este nombramiento, cuando fue nominada por el presidente Barack Obama el 26 de mayo de 2009.

 

La responsabilidad del nuevo presidente Biden de terminar todas las políticas desfavorables implementadas por el ex presidente Trump, no se dejó esperar, ya que el mismo día de su juramentación como presidente este firmó varias Órdenes Ejecutivas. En los primeros días de su administración estas 30 órdenes van a detener el financiamiento para la construcción del muro fronterizo de Trump, revertir la prohibición de viajar de Trump dirigida a países mayoritariamente musulmanes, imponer un mandato de máscara en la propiedad federal, aumentar los suministros de vacunación y requerir viajeros internacionales de proporcionar prueba de una prueba de Covid-19 negativa antes de viajar a los EE. UU. La firma de estas Órdenes Ejecutivas presidenciales es un acto firme en terminar por completo el legado del expresidente Trump.

 

Otro evento histórico de la presidencia de Biden es que este asume incondicionalmente la diversidad de los líderes políticos de todas las comunidades que viven en el país para que sean parte de su gabinete de gobierno. Esto es un paso gigantesco desde que George Washington, el primer presidente de EE.UU., creó su primer gabinete en 1791, todos sus miembros eran blancos y hombres.

 

Por esta razón y en más de 200 años después, la llegada al poder de Biden supone un cambio radical: el nuevo mandatario ha propuesto para formar parte de su gobierno el que se considera el equipo más diverso en la historia de la nación.

 

El intento de golpe de estado fallido del ex presidente Trump dejó a la democracia de la nación norteamericana en verguenza internacionalmente. Las acciones del presidente Biden pone claro que su agenda presidencial es rescatar el país y crear un ambiente de unidad nacional para erradicar el intento fallido terrorista de derrocarlo y terminar la idea de una guerra civil por el odio racial.

 

Aun estamos a la espera de ver los cargos criminales que pudieran ser imputados al presidente saliente Donald Trump. Este que lideró un ataque terrorista al Senado de los Estados Unidos y que ha creado mucha especulación de su futuro y si tendrá que defenderse en las cortes norteamericanas. Este de ser condenado sería el evento histórico más grande que pudiera marcar el nuevo presidente electo Biden de su gobierno, el cual todos esperamos que sea una realidad.

Por Adriano Espaillat

 

Miembro del Congreso de los EE.UU.

 

El hecho de que el mandato presidencial de Donald Trump terminara con actos de violencia y vandalismo, como los protagonizados por la turba en el asalto al Capitolio que dejó cinco personas muertas, no debería sorprendernos.

 

Desde que empezó su campaña en 2015 ―diciendo que los inmigrantes mexicanos eran en su mayoría violadores y narcotraficantes―, Trump mostró abiertamente el tipo de presidente que buscaba ser: un mandatario racista, populista, que vio en el divisionismo y en el nacionalismo rancio una oportunidad de llegar al poder.

 

Ya en la Casa Blanca, Trump continuó con su retórica incendiaria, marcada por un ataque constante y selectivo contra los inmigrantes, un aumento significativo en la tensión racial que creó movimientos de protestas pacíficas como Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), y un resurgimiento de grupos radicales.

 

En el plano internacional, Trump, con su política aislacionista de América Primero, socavó las relaciones y acuerdos que tenía Estados Unidos con nuestros aliados tradicionales; buscó por todos los medios debilitar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), llegando a calificar a esta importante alianza militar estratégica de "obsoleta" y de ser una reliquia de la Guerra Fría; retiró a nuestra nación del Acuerdo de París, un compromiso de casi 200 países contra la crisis climática; y abandonó el acuerdo firmado por varias potencias internacionales con Irán para limitar su programa nuclear.

 

A esto se añade su insólita decisión de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la pandemia de coronavirus.

 

Con una economía floreciente e índices de desempleo a su favor, Trump creía tener asegurada la reelección, pese a que las encuestas no lo favorecían.

 

La llegada del COVID-19 le dio una oportunidad de oro de resarcirse, de presentar a su presidencia con un rostro más humano ante el dolor y la muerte que ha traído la pandemia, de respaldar a los científicos y apoyar sus recomendaciones.

 

Pero Trump, fiel a su naturaleza, politizó el uso de la mascarilla y del distanciamiento social, y hoy día, el pésimo manejo que le ha dado a la pandemia mantiene a Estados Unidos como el país con mayor número de contagiados y de fallecidos en el mundo.

Si bien es cierto que con su política radical Trump consiguió ampliar su base de electores, también logró que una coalición de mujeres, minorías y jóvenes acudiera a las urnas masivamente a poner fin a su gobierno tormentoso y divisivo.

 

Joe Biden, quien se presentó a la presidencia como un sanador que busca la unión del país, ganó más votos que cualquier otro candidato presidencial en la historia de Estados Unidos.

 

Un verdadero demócrata, respetuoso de las instituciones democráticas, hubiera aceptado su derrota y facilitado el traspaso de poder sin contratiempos, por el bien de la seguridad de la nación.

 

Pero Trump está lejos de serlo. Y eso quedó más que demostrado en la conversación que sostuvo con su colega republicano Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, en la que Trump lo presiona para que le encuentre “11,780 votos” para revertir su derrota, en un intento peligroso y sin precedentes de alterar la voluntad del pueblo estadounidense expresada en las urnas.

 

No, el asalto al Capitolio, símbolo de la democracia de nuestra nación, no debería sorprendernos. La gasolina estaba allí, y Trump solo tuvo que lanzar la cerilla.

 

Un capítulo sombrío de la historia de los Estados Unidos termina con Trump.

 

Joe Biden y Kamala Harris tienen un camino difícil por recorrer. Pero también tienen la oportunidad de devolverle a los Estados Unidos su prestigio ante el Mundo como nación de inmigrantes, solidaria y humana.

 

La administración Biden-Harris tiene la oportunidad de revertir la política racista y antiinmigrante de Trump, priorizando el tema de inmigración tal como lo prometieron, creando una vía hacia la ciudadanía para los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en los Estados Unidos.

 

Retomar los acuerdos internacionales que redunden en beneficios para el país y el Mundo no dudo que estará en la agenda del gobierno de Biden, como el Acuerdo de París y el fortalecimiento de la OTAN.

Como dice la Biblia: “El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría”.

 

Yo tengo fe en que así será.

El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el 16 de Agosto recibió la conducción del poder democrático dominicano, sin ni un centavo para enfrentar el azote del Covid-19 una población sin oxígeno en sus pulmones ni en su estómago.

 

Aun así, en estos seis meses de su mandato constitucional ha demostrado firmeza en la lucha contra la centenaria pandemia de la corrupción y honradez al manejar los devaluados recursos del fétido erario público. Los fariseos del PLD, desde su sinagoga enrarecida pretendieron amordazar la primera aurora del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con la finalidad de florecer miedo y justificar su derrota electoral con gemidos de minotauros

 

Realmente estamos frente a un honrado presidente preocupado por la salud y suerte de sus conciudadanos, el primero en poner su coraza contra el Covid-19. Entonces, esta administración representa los intereses de los caídos en el pantano histórico de los miserables, como se refleja en la memoria de Víctor Hugo. ¨LOS MISERABLES.¨

Jamás gobernante en la historia republicana había asumido las riendas de la nación dominicana en semejantes condiciones de deterioro patriótico y en condiciones infrahumanas como para sobrevivir frente a una realidad de salud pública en estado de vergüenza/inoperancia

Se evidencia que los caras pálidas de aquel ocaso, únicos dueños, ladrones del tiempo, se dedicaban en construir panales de abejas para su rebaño de insectos en detrimento de un sistema democrático maquillado de fraudes…

 

Aquellos manganzones, riferos de miserias hoy tutumpotes del Partido de La Liberación Dominicana (PLD), manipularon el legado del Profesor Juan Bosch, en beneficio de sus cuentas bancarias y otras propiedades confiscadas al pulso de la historia. No tenemos que entrar en detallar, pinceladas que hoy la justicia se encamina en desvelar su verdadero rostro/perfil centenario.

A pesar del ladrido y maullar de esos empresarios del otoño, tenemos el compromiso con la acosada Patria de nosotros, en impedir que esos jineteros predicadores de ultratumba, monstruos de oscuras alamedas regresen de nuevo desde su antiguo corrupto cadáver de poder.

Las hojarascas millonarias del Partido de La Liberación Dominicana (PLD), lucen lánguidas y sus analfabetos versos democráticos de enmudecidas iracundas bocinas, amenazan con volcar el Covid-19 hacia los bronquios de lámparas proletarias. Hoy tenemos el compromiso cívico si es necesario de madrugar junto a las huellas/ pasos del correcto Primer Mandatario de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.¡¡ Ni un paso atrás!! Si tenemos que volver a sembrar las urnas de flores, convertiremos el horizonte de músculos de banderas.

Por David R. Lorenzo

La cancelación de las cuentas del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte  de las principales redes sociales  ha  encendido un debate  mundial, sobre si esa decisión es correcta, o si esas empresas tecnológicas pueden limitar la libertad de expresión,  silenciar a quienes consideren desagradables o tomar partido en los conflictos políticos.

Las empresas Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat  y  YouTube,  cancelaron en cascadas las cuentas del presidente Trump, luego de que el pasado día 6 de enero pronunciara en Washington un discurso ante una multitud frente a la Casa Blanca, y luego muchos de los presentes asaltaron la sede  del Congreso, con un saldo de 5 muertos.

La decisión representa un giro inesperado de 180 grados, ya que estas empresas tecnológicas  operaban bajo la filosofía de permitir la más amplia libertad de expresión, de no censurar los temas políticos e ideológicos y de no convertirse en juez y parte. Sólo censuraban las publicaciones que difundían apología al odio, la violencia y la discriminación.

Pero, como el derecho cibernético no tiene estándares bien definidos y homogéneos a nivel mundial, sino que está en proceso de construcción, ya sea con la aprobación de leyes, jurisprudencias y doctrinas, medidas como esa provocan conflictos de opiniones y exacerban las pasiones.

En los Estados Unidos, la principal base legal está en la primera enmienda de la Constitución,  aprobada el 15 de diciembre del 1791, que a pesar de que contiene una oración con pocas palabras, al establecer que el Congreso no puede limitar la libertad de expresión, ni de prensa,  sí encierra muchos derechos, ratificados por jurisprudencias.

Ni el gobierno de los Estados Unidos tiene tantos poderes para limitar la libertad de prensa como las redes sociales y sus propietarios, quienes convirtieron a Trump en el hombre más ignominioso del mundo.

LOS QUE FAVOCEN  LA CLAUSURA DE LAS CUENTAS

Para algunos juristas y expertos en comunicación, la libertad  de expresión no incluye la facultad de una persona de agredir a otra. Otros entienden que en el caso de la especie, la clausura de las cuentas es un hecho grave, pero legítimo.

Por igual, algunos sostienen que las redes sociales pueden eliminar cualquier cuenta cuando exista una inminencia de que el discurso violento pueda producir una acción ilegal.

También, hay quieren dicen que en ciertos momentos, por ejemplo cuando se  incita al genocidio,  la violencia y la discriminación, se puede limitar la libertad de expresión.

LOS QUE CRITICAN LA CLAUSURA

Por el contrario, los que critican la decisión de las corporaciones, entienden de que independientemente de quién sea la persona afectada, estas empresas están vetando y negando la difusión de sus ideas, y eso es un precedente realmente preocupante.

Consideran que esas empresas  son  plataformas  a través de las cuales los ciudadanos se deben expresar libremente, y ellas no deberían constituirse en tribunales, ni ningún otro órgano de justicia para juzgar según sus opiniones y decidir quién puede  y quién no puede opinar.

Los que repudian la acción consideran que las redes sociales deben guiarse por estándares internacionales y no por decisiones de los dueños de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg;  de Twitter,   Jack Dorsey, o de Youtube,  Jawed Karim.

Una de las críticas más duras  vino de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, quien dijo  que la libertad de expresión solo puede restringirse “de acuerdo con la ley y dentro de un marco definido por los legisladores y no por decisión de los administradores de las plataformas de redes sociales”.

Por igual el presidente de México Andrés Manuel López Obrador  dijo:” Esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos es una mala señal y es un mal presagio, porque el hecho de que  empresas particulares puedan decidir,  silenciar y censurar, va en contra de la libertad”.

En término particular, creo que los dueños de las plataformas tecnológicas excedieron sus derechos, al clausurar las cuentas de Donald Trump y más de 70 mil suscriptores y convertirse en juez y parte, con súper poderes, al juzgar posiciones políticas e ideológicas. También.

Por Milton Olivo

Unas 17 semanas del 27 de febrero de 1844, fecha de la declaración de independencia de R. Dominicana, sucedió  el golpe de estado del Gral. Pedro Santana, al presidente Francisco del Rosario Sánchez, el 3 de julio del mismo 1844.

 

17 años, el 18 de marzo de 1861, el traidor presidente Gral Pedro Santana, traiciona la Constitución, y declara la Anexión de la patria a España, sustituyendo la bandera nacional por la bandera española.

 

Unos  17 años después, de hecho comienza la segunda República, con el gobierno de los Restauradores. Después de derrotar el Ejército Nacional, y las fuerzas españolas compuestas por 30 mil soldados. De los cuales murieron en la guerra 17 mil, en 1865.

 

Fue una época de inestabilidad, donde  el general Restaurador y presidente Antonio Pimentel, que se negaba a gobernar desde Santo Domingo, como lo mandaba el Congreso, y el general José María Cabral quien tuvo que comandar desde Santo Domingo. Y quien al final se queda con el poder.

 

17 años después, aproximadamente terminó este periodo de inestabilidad con el inicio de la dictadura del presidente Lilís en 1883.   

 

Quien gobernó el país por casi 17 años, hasta caer asesinado en moca después de someter al país a un rosario de crímenes, tortura, y desorden financiero en 1899.

 

17 años después, termina la segunda República con la invasión norteamericana de 1916. Invasión esta, donde los patriotas, para confundir la población, fueron denominados gavilleros. Y que nos costó hasta hoy, casi todo el Este de la República.

 

Poco menos de 17 años después, exactamente en 1930, se inicia la dictadura del general Trujillo, quien se mantendrá en el poder hasta caer ajusticiado en 1961, reanudándose el ciclo de los 17 años.

 

17 años después en 1978, son desplazados del poder la cúpula del Partido Dominicano del Generalísimo Trujillo, cuya militancia se había colocado bajo el paraguas del Partido Reformista, llegando al poder el Partido Revolucionario Dominicano, PRD.

 

Unos 17 años después, en 1996, llega al poder el Partido de la Liberación Dominicana,  quien gobierna hasta 2020, exceptuando el cuatrienio 2000-2004, gobernado por el PRD. Sumando casi 17 años en el poder, exactamente 16.

 

De manera que el 17, debemos asumirlo como el número que cierra círculos en la historia, porque   ha sido una constante para cambios extraordinarios en la historia de la República, sea en meses, o en años.

Por Jorge Torres Puello

En su intento cada vez más desesperado por revertir las elecciones de Estados Unidos las cuales fueron plagadas de irregularidades en más de 5 estados y aferrarse a la Casa Blanca, el presidente Trump está contemplando la posibilidad de invocar la ley marcial para forzar la invalidación de los resultados de las elecciones en cuatro estados indecisos, aparentemente inspirado en los comentarios del ex y recientemente indultado Asesor de Seguridad Nacional.

Michael Flynn. Si bien consideramos que las posibilidades de que Trump realmente lleve a cabo el intento de provocar un golpe militar entre ahora y el 20 de enero son extremadamente bajas., El Fiscal General Interino Jeffrey Rosen debe estar preparado para tal contingencia y desarrollar las implicaciones legales y de cumplimiento de antemano. Por impactante y sin precedentes que sea, Rosen debería estar listo para ir tan lejos como para ordenar a los agentes federales de la ley que arresten a cualquiera, incluido si es necesario al presidente, que haya conspirado para llevar a cabo este plan ilegal. A falta de esos pasos, los Departamentos de Justicia y Defensa deben estar listos para emitir declaraciones internas y públicas de que la ley prohíbe claramente tales acciones.

 

Altos funcionarios del ejército de los EE. UU. Sintieron la aparente necesidad de emitir una declaración conjunta la semana pasada diciendo que " el ejército de EE. UU. No tiene ningún papel en la determinación del resultado de una elección estadounidense". Esto muestra el peligroso lugar al que ha llegado nuestro país debido, en gran parte, a puntos de vista extremos y erróneos sobre los poderes del presidente del Artículo II y la inmunidad del derecho penal.

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Tras las declaraciones públicas de Flynn, la idea de un golpe militar tomó forma en serio el viernes pasado, cuando el presidente se reunió con el ex abogado de Flynn y Flynn (y de la campaña de Trump), Sidney Powell, así como con el personal del poder ejecutivo, para discutir varios métodos. por anular los resultados de las elecciones, incluido el uso de la ley marcial. Según informes, Trump le pidió a Flynn que explicara su propuesta durante la reunión.

 

El vehículo legal que el presidente probablemente esperaría usar es la Ley de Insurrección, una ley de 1807 que le permite al presidente federalizar la guardia nacional para "reprimir" una insurrección.

 

Utilizada por última vez en 1992 en respuesta a los disturbios provocados por el veredicto de Rodney King, la Ley de Insurrección nunca se ha invocado para anular una elección o para intervenir en eventos políticos pacíficos de ningún tipo. De hecho, nunca se ha utilizado en ningún contexto que no sea la represión de los disturbios civiles. Se invocó en 1968 en respuesta a los disturbios que siguieron a la muerte de Martin Luther King, y en 1957, 1962 y 1963 para ayudar a hacer cumplir las leyes de derechos civiles frente a la oposición local a las órdenes de los tribunales federales que exigían la integración escolar. Ulysses S. Grant lo utilizó en 1871 para reprimir al Ku Klux Klan, y se utilizó durante la Guerra Civil.para imponer un bloqueo de los puertos de siete estados del sur. Solo en raras ocasiones se ha utilizado en contra de los deseos y sin el consentimiento de los funcionarios estatales y locales. Nunca se ha utilizado para negar derechos federales y estatales, como el derecho al voto.

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Cualquier intento de desplegar al ejército para revocar los resultados de las elecciones de 2020 violaría múltiples leyes federales. Primero, violaría la Ley Posse Comitatus, una ley de 1878 que codifica el principio de larga data de que los militares no pueden participar en la aplicación de la ley a nivel nacional (Código 18 de los EE . Se entiende que la Ley de Insurrección proporciona una rara excepción al posse comitatus, basada en una emergencia civil que requiere la restauración inmediata de la ley y el orden, condiciones que simplemente no se cumplirían aquí, incluso si las acusaciones de fraude electoral de Trump fueran ciertas. También existen leyes específicas diseñadas para penalizar la injerencia electoral por parte de los militares. Los miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que ayuden en el derrocamiento de una elección legal pueden ser considerados penalmente responsables bajo18 Código de los Estados Unidos 593 y condenado a hasta cinco años de prisión.

 

Más significativamente, una serie de disposiciones penales en la ley federal prohíbe los intentos de derrocar la autoridad legal del gobierno federal y estatal. Estas leyes podrían someter a Donald Trump, Michael Flynn u otros involucrados en tal plan a cargos criminales de la misma manera que el disparo de 1861 en Fort Sumter por fuerzas confederadas después de la elección de Abraham Lincoln fue criminal. 18 El Código de los Estados Unidos 2383 tipifica como delito la "rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes". 18 El Código de los Estados Unidos 2384 tipifica como delito la "Conspiración Sediciosa", que prohíbe a dos o más personas por la fuerza "prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos", y el 18 Código de los Estados Unidos 2385tipifica como delito “defender a sabiendas o intencionalmente [], instigar [], aconsejar [] o enseñar [] el deber, la necesidad, la conveniencia o la conveniencia de derrocar o destruir el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de cualquier estado … Por la fuerza o la violencia ”, con penas adicionales por conspirar para hacer lo mismo con otra persona. La participación de múltiples individuos en tal plan constituiría una conspiración bajo la ley federal, aumentando así las penas por cualquiera de los actos anteriores realizados en conjunto con otros, con la excepción del delito de “conspiración sediciosa”, que ya es un colectivo. ofensa. Varias de estas disposiciones no solo prevén tiempo en la cárcel, sino que también excluyen el empleo en el gobierno federal después de la condena,lo que, entre otras cosas, evitaría que Trump se postule nuevamente para presidente en 2024 y que cualquiera que lo ayude a ocupar un cargo federal.

 

Pero, ¿la "conspiración sediciosa" y delitos similares se aplican a un presidente en ejercicio? No se sabe qué sugirieron aparentemente los asesores informales del presidente Trump. Uno puede imaginar que intentarían afirmar que la sedición no es un delito si el presidente lo ordena en virtud de sus amplios poderes del Artículo II. Y como es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, los militares estarían obligados a obedecer.

 

Esto es incorrecto en todos los aspectos y, de hecho, el abogado de la Casa Blanca, Pat A. Cipollone, supuestamente trató de rechazar diciéndole al presidente que las propuestas planteadas durante la reunión del viernes no estaban dentro de su autoridad constitucional. Pero esto no se trata simplemente de autoridad constitucional. También involucra el derecho penal y militar.

 

Primero, todo el personal militar bien capacitado comprende que el deber de seguir las órdenes se limita a las órdenes legales. Según el artículo 90 del Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ), el deber de obediencia a la cadena de mando no se aplica a las órdenes que el destinatario sabe que son ilegales. Por lo tanto, incluso si Donald Trump emitiera una orden ilegal para anular una elección legal. , esa orden no puede ser obedecida por los oficiales y los alistados, cuyo deber primordial es defender y hacer respetar la Constitución. En segundo lugar, tanto los oficiales militares en servicio activo como los retirados estarían sujetos a la UCMJ y, como tales, podrían ser considerados penalmente responsables por "motín" o "sedición" según el Código 10 de EE. UU. 894, una disposición que es más amplia que su contraparte civil. Esto se aplicaría a Michael Flynn, quien, como oficial retirado, podría ser acusado y sujeto a consejo de guerra en virtud de esta disposición. Es más, los civiles podrían ser considerados responsables (según el Código 10 de EE. UU. 2 ) por ayudar e incitar a Flynn a violar la UCMJ.

 

Pero en segundo lugar, ni siquiera el presidente tendría inmunidad de enjuiciamiento penal en virtud del Artículo II si intentara derrocar los resultados de las elecciones. Bajo Trump v.Vance, decidido por la Corte Suprema en julio de 2020, Trump no pudo hacer valer la inmunidad presidencial para repeler una citación criminal para los registros financieros de la organización Trump solicitada por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance. En el argumento oral en el Segundo Circuito, los abogados del presidente habían presentado una de las interpretaciones más extremas de los poderes presidenciales jamás ofrecidas en un tribunal de justicia, a saber, que bajo su autoridad constitucional del Artículo II, el presidente podía disparar a alguien en la Quinta Avenida sin ser investigado o acusado hasta después de que dejó el cargo.

 

Tras el rechazo por parte del Segundo Circuito de este recurso extremo a la inmunidad, la Corte Suprema no tuvo dificultad para acordar que el presidente no sería inmune al proceso penal, incluidas las investigaciones y citaciones. La Corte envió así el poderoso mensaje de que ningún presidente está por encima de la ley. Al igual que los ciudadanos comunes, el presidente está sujeto a las leyes penales de aplicación general, tanto estatales como federales. Aunque la Corte Suprema no abordó si un presidente en ejercicio puede ser procesado, incluso las opiniones de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) de que un presidente no debe ser procesado mientras esté en el cargo aceptan que podría ser procesado y procesado inmediatamente después del final de su mandato. . Las opiniones existentes de la OLC también reconocen que un presidente en funciones puede ser investigado penalmente por el Departamento de Justicia. En efecto, eso es precisamente lo que hizo Robert Mueller. Hay algunos escenarios extremos que seguramente harían que incluso la OLC reconsiderara su propia preferencia por el enjuiciamiento diferido; por ejemplo, si el presidente está cometiendo un crimen violento en curso (disparar a personas en la Quinta Avenida) o un golpe militar, debe ser arrestado.

 

Aún así, una visión expansiva de los poderes presidenciales bajo el Artículo II ha hecho avances peligrosos en nuestra democracia constitucional, alimentada por una ficción legal conocida como la teoría del "ejecutivo unitario". Esta teoría fue originalmente una tesis sobre el poder del presidente para destituir a los funcionarios del poder ejecutivo de nivel superior, pero se ha ampliado a lo largo de los años para justificar el uso prácticamente ilimitado del poder presidencial. Como dijo una vez el presidente Trump , "tengo un artículo II, en el que tengo el derecho de hacer lo que quiera como presidente".

 

El profesor de derecho John Yoo y otros abogados del Departamento de Justicia utilizaron la teoría ejecutiva unitaria durante la administración Bush para justificar la tortura frente a las leyes penales federales y los tratados internacionales que prohíben la tortura. William Barr, como abogado privado antes de convertirse en el fiscal general de Trump, hizo una audición para el puesto con un memorando de 19 páginas en 2018, argumentando que el presidente es constitucionalmente incapaz de cometer el delito de obstrucción a la justicia bajo el Artículo II si despide a un director del FBI. o fiscal federal específicamente para impedir una investigación criminal en curso, incluso una que se investiga a sí mismo. El fiscal especial Robert Mueller adoptó la postura opuesta en la Parte II del Informe Mueller, donde proporcionó una hoja de ruta para una posible acusación del presidente Trump por obstrucción de la justicia en la investigación de Rusia después de que deja el cargo, aunque Mueller reconoció que estaba obligado por el práctica prevaleciente del Departamento de Justicia que prohíbe la acusación de un presidente en ejercicio.

 

En 2020, Trump pidió consejo a John Yoo sobre cómo podría usar su poder como presidente bajo el Artículo II para eludir al Congreso e imponer sus propias políticas en asuntos como DACA, atención médica, política fiscal y justicia penal. El mismo pensamiento puede haber ayudado a idear la intrincada excusa legal que nominalmente permitió al Fiscal General enviar agentes federales a Portland para proteger los juzgados y monumentos federales contra los manifestantes que buscaban ejercer su derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda. Uno de nosotros escribióentonces contra la invocación de la Ley de Insurrección; Más aún, la idea nos impresiona y preocupa ahora. Claramente, es hora de que el Departamento de Justicia reconsidere su política que prohíbe la acusación de un presidente en ejercicio. 

Una interpretación demasiado expansiva de los poderes presidenciales bajo el Artículo II ha engañado a una administración tras otra haciéndoles pensar que el presidente está por encima de la ley, y nuestra democracia ha pagado cada vez más el precio. Habiendo llegado al punto en que un presidente en ejercicio está contemplando seriamente el uso de las fuerzas armadas para revertir una elección, debe quedar claro que debemos repensar nuestro enfoque del poder presidencial. La decisión de la Corte en Trump v. Vance, que nos dice que ningún presidente está por encima de la ley, nos muestra por dónde empezar